La crisis del sistema de salud en Colombia volvió a encender las alarmas luego de conocerse el fallecimiento de un menor de siete años en Bogotá, quien murió mientras esperaba la entrega de un medicamento indispensable para controlar su enfermedad. El caso generó conmoción nacional y reavivó el debate sobre las fallas estructurales en la atención médica y el acceso oportuno a tratamientos especializados.

El niño, oriundo del departamento del Huila, padecía hemofilia A severa, una condición que exige terapias periódicas para evitar complicaciones graves. Según denuncias de su familia, el menor llevaba aproximadamente dos meses sin recibir el medicamento que debía aplicarse cada 28 días, situación que habría agravado su estado de salud. Tras sufrir una caída que provocó hemorragias, fue trasladado a Bogotá cuando ya se encontraba en estado crítico y falleció en una unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con el relato de su madre, durante semanas insistió ante la entidad promotora de salud para obtener la medicación, sin obtener respuesta efectiva. Organizaciones médicas señalaron que la falta de suministro habría incumplido normas que obligan a garantizar acceso permanente y sin barreras administrativas a tratamientos para pacientes con enfermedades huérfanas.

El caso también expuso la compleja situación financiera y operativa de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno y señalada por acumular miles de quejas relacionadas con demoras en citas, tratamientos y entrega de medicamentos. Defensoría del Pueblo y asociaciones de pacientes han advertido que los reclamos por fallas en el sistema se han incrementado significativamente, reflejando un panorama preocupante para personas con condiciones crónicas o de alta complejidad.

Expertos en enfermedades raras afirmaron que la muerte del menor evidencia las dificultades que enfrentan miles de familias en Colombia, donde la continuidad de los tratamientos puede verse afectada por trámites administrativos o problemas financieros de las aseguradoras. Señalaron además que este tipo de situaciones representa una vulneración directa del derecho fundamental a la salud, especialmente cuando se trata de pacientes pediátricos que requieren atención prioritaria.

El caso tuvo repercusiones políticas y sociales, con críticas desde distintos sectores que cuestionan el manejo de la crisis del sistema de salud y las reformas en curso. Mientras tanto, familiares, organizaciones y defensores de derechos humanos continúan exigiendo investigaciones y medidas urgentes que eviten que tragedias similares se repitan, en un contexto donde el acceso oportuno a medicamentos sigue siendo uno de los mayores retos del sistema sanitario colombiano.