En medio de la grave situación provocada por las intensas lluvias que han generado severas inundaciones en varios departamentos del norte de Colombia, el Gobierno Nacional avanza en la preparación de un nuevo decreto de emergencia económica, social y ambiental con el fin de garantizar recursos suficientes para atender los daños y apoyar la recuperación de las zonas afectadas.

Según ha confirmado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto estimado que sería requerido para responder a la emergencia ronda los 8 billones de pesos, cifra que contempla la atención inmediata y la reconstrucción de infraestructura básica, así como la asistencia humanitaria para familias damnificadas.

La propuesta se discute en el marco del consejo de ministros presidido por Gustavo Petro, que se está llevando a cabo en Montería, departamento de Córdoba, una de las regiones más golpeadas por las inundaciones que han dejado miles de familias sin vivienda ni servicios básicos. Esta situación ha llevado a que las autoridades evalúen declarar formalmente la emergenca y aplicar mecanismos financieros extraordinarios para recolectar los recursos necesarios.

La medida se presenta como una alternativa ante la suspensión provisional de una emergencia económica decretada previamente por la Corte Constitucional, que había permitido al Gobierno disponer de herramientas fiscales para enfrentar situaciones excepcionales, incluyendo desastres naturales. La suspensión de ese decreto ha limitado temporalmente el acceso a ciertos recursos, por lo que esta nueva declaratoria está siendo considerada como urgente por el Ejecutivo.

Las lluvias extraordinarias han afectado gravemente el norte del país, con miles de damnificados reportados en Córdoba y otros departamentos de la región Caribe, y se espera que los recursos contemplados en los 8 billones de pesos también se destinen a reparación de carreteras, infraestructura pública, vivienda y asistencia social para los afectados por esta crisis climática.

El anuncio del Gobierno refleja la magnitud de los efectos de la temporada invernal y la necesidad de mecanismos financieros extraordinarios para responder a catástrofes naturales, en un contexto en el que eventos climáticos extremos han puesto a prueba la capacidad de respuesta institucional en Colombia.