Momentos de alta tensión se vivieron en el país luego de que el equipo de la senadora indígena Aida Quilcué alertara sobre su presunta retención ilegal en el departamento del Cauca. Según la información divulgada, la congresista y su esquema de seguridad habrían sido interceptados mientras se desplazaban por el tramo vial que comunica a Inzá con Totoró, en una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados.

A través de un comunicado público, el equipo de la legisladora solicitó apoyo urgente para obtener información que permita conocer su paradero y verificar su estado de salud. En el mensaje se advirtió que hasta el momento no se tiene contacto con la senadora ni con los integrantes de su esquema de protección, lo que generó preocupación entre organizaciones indígenas, sectores políticos y defensores de derechos humanos.

La situación provocó una reacción inmediata del Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica lo ocurrido y calificó el hecho como una agresión directa contra los pueblos indígenas del país. Durante un consejo de ministros realizado en Montería, el mandatario afirmó que este tipo de acciones constituyen una “línea roja”, al poner en riesgo a liderazgos que representan referentes éticos, políticos y espirituales para sus comunidades.

El jefe de Estado señaló que atentar contra autoridades indígenas no solo vulnera la vida de una persona, sino que afecta profundamente el tejido social y la legitimidad de los procesos de representación de los pueblos originarios. En ese contexto, ordenó al Ministerio de Defensa y al Ministerio de la Igualdad actuar de manera inmediata y coordinada para esclarecer los hechos, prevenir una escalada de violencia y garantizar la protección de los liderazgos indígenas en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del presunto secuestro ni han entregado detalles oficiales sobre el avance de las operaciones de búsqueda. Sin embargo, fuentes del Gobierno indicaron que se activaron protocolos de seguridad y verificación en el Cauca, una de las zonas más sensibles del país en materia de orden público.

La desaparición de la senadora Aida Quilcué encendió las alarmas a nivel nacional y reavivó el debate sobre la seguridad de los líderes sociales e indígenas en Colombia. Mientras continúan las labores para dar con su paradero, distintas voces del ámbito político y social reiteraron el llamado a respetar la vida, la autonomía de los pueblos indígenas y el ejercicio democrático de sus representantes.