La reunión entre los gobernadores del país y el Gobierno nacional para analizar el decreto de emergencia económica concluyó sin acuerdos, dejando en evidencia profundas diferencias frente a las nuevas medidas tributarias planteadas por el Ejecutivo. El encuentro, realizado en el Ministerio de Hacienda, buscaba acercar posiciones sobre el impacto de los impuestos incluidos en el decreto, especialmente los relacionados con el consumo de alcohol y tabaco.

Aunque desde el Gobierno se intentó transmitir un mensaje de conciliación, las posturas de varios mandatarios regionales marcaron distancia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró al término de la reunión que el ambiente de confrontación se había reducido y que existía disposición al diálogo. Sin embargo, esta apreciación fue desmentida por varios gobernadores, quienes insistieron en que las preocupaciones de las regiones no fueron atendidas.

Entre las voces críticas se destacaron la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes manifestaron su desacuerdo con el incremento del impuesto al consumo y con el aumento del IVA para licores y productos derivados del tabaco, que pasará del 5 al 19 por ciento, con excepción de la cerveza. Según los mandatarios, estas decisiones afectarían directamente los ingresos departamentales y el comportamiento del consumo legal, además de incentivar la informalidad y el contrabando.

Los gobernadores advirtieron que el alza tributaria tendría un impacto negativo en las finanzas regionales, ya que muchos departamentos dependen en gran medida de los recursos provenientes de estos impuestos para financiar programas de salud, educación y deporte. Asimismo, señalaron que la medida fue tomada sin una concertación real con los territorios, lo que profundiza la brecha entre el Gobierno central y las administraciones locales.

El encuentro cerró sin una hoja de ruta clara para modificar o replantear los puntos más polémicos del decreto, dejando abierta la posibilidad de nuevos escenarios de tensión política y fiscal entre las regiones y el Ejecutivo en el marco de la emergencia económica.