La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, se pronunció sobre la solicitud formal presentada ante el presidente de la Corte Constitucional para que se ordene la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.

De acuerdo con la dirigente gremial, la petición busca que el alto tribunal evalúe con rigor constitucional si se cumplen las condiciones excepcionales exigidas por la Carta Política para acudir a este tipo de medidas. Gutiérrez Jaramillo señaló que, desde la óptica del sector productivo, la declaratoria de emergencia genera incertidumbre jurídica y económica, especialmente cuando se adopta tras el hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso.

La presidenta del Consejo Gremial explicó que la solicitud no pretende desconocer las facultades del Ejecutivo, sino garantizar el equilibrio institucional y el respeto por la separación de poderes. En ese sentido, afirmó que la suspensión provisional permitiría evitar que se produzcan efectos irreversibles mientras la Corte adelanta el análisis de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.

Desde el gremio también se advirtió que las medidas extraordinarias contempladas en el decreto podrían impactar de manera directa la confianza de los inversionistas, la estabilidad normativa y la planeación financiera de las empresas, en un contexto económico que ya enfrenta retos fiscales y de crecimiento.

Gutiérrez Jaramillo reiteró que el Consejo Gremial Nacional respalda las soluciones estructurales construidas a través del debate democrático y del trámite legislativo ordinario, y consideró que la emergencia económica no debe convertirse en un mecanismo para sustituir al Congreso.

Ahora será la Corte Constitucional la que defina si accede a la solicitud de suspensión temporal del decreto, mientras avanza el estudio de fondo que determinará si la declaratoria de emergencia se ajusta o no a los parámetros establecidos por la Constitución.