El presidente Gustavo Petro anunció la puesta en marcha de un programa nacional que busca transformar de manera profunda el servicio de taxi en Colombia mediante la migración hacia vehículos ciento por ciento eléctricos. La iniciativa, que incluirá un incentivo económico directo, tiene como meta la modernización de cerca de 54.000 taxis que actualmente operan con gasolina, diésel o gas.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de sus redes sociales, donde explicó que cada propietario que decida reemplazar su taxi por uno eléctrico recibirá un apoyo de 52 millones de pesos. Según Petro, la medida apunta no solo a reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los combustibles fósiles, sino también a mejorar la rentabilidad del negocio para los conductores, apostándole a la tecnología como motor de productividad.

El jefe de Estado recordó que durante su gestión como alcalde de Bogotá se implementó un plan piloto con taxis eléctricos, experiencia que, a su juicio, demostró que este tipo de transición es viable en las ciudades colombianas. Señaló que varios de esos vehículos aún circulan, lo que respalda la idea de llevar el modelo a escala nacional.

El programa anunciado contempla además un componente de política industrial. El Gobierno proyecta aumentar en un 40 por ciento los aranceles de importación para automóviles y motocicletas que funcionen con hidrocarburos, con el fin de incentivar la producción local de vehículos eléctricos y de sus componentes. La estrategia busca que el ensamblaje de taxis eléctricos, incluidos motores y partes clave, se realice en el país, fortaleciendo la industria nacional y promoviendo la inversión tecnológica.

Desde el Ejecutivo se explicó que esta iniciativa hace parte de una visión integral para modernizar el transporte urbano, mejorar la calidad del aire en las ciudades y avanzar hacia un modelo económico más sostenible. No obstante, el anuncio también reabrió el debate sobre los resultados del piloto de taxis eléctricos que se desarrolló años atrás en Bogotá.

Ese proyecto, considerado pionero en América Latina, fue formalizado en 2011 y comenzó a operar en 2013 con el apoyo de la administración distrital, Codensa —hoy Enel-Codensa—, la Clinton Climate Initiative y la empresa BYD. La iniciativa contemplaba la incorporación de 50 taxis eléctricos BYD E6, aunque finalmente solo circularon 43 unidades.

El objetivo del piloto era evaluar el desempeño de estos vehículos en condiciones reales de trabajo, analizando aspectos como autonomía, eficiencia energética e infraestructura de recarga. Durante el programa, los propietarios se beneficiaron con la exención del pago de cupo y de la restricción de pico y placa por diez años, pero también enfrentaron dificultades para acceder a créditos con tasas favorables, dado que el costo de cada vehículo rondaba los 85 millones de pesos.

Con el paso del tiempo, varios conductores reportaron altos costos de mantenimiento y problemas con la disponibilidad de repuestos, lo que en algunos casos derivó en largos periodos sin operar. También se evidenciaron limitaciones relacionadas con la falta de técnicos especializados, el desgaste prematuro de las baterías y la ausencia de una normativa clara para su disposición final.

A pesar de estos inconvenientes, las autoridades distritales destacaron los beneficios ambientales del proyecto. Entre 2013 y 2019, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó que el piloto evitó la emisión de más de 3.300 toneladas de dióxido de carbono, validando el impacto positivo de los taxis eléctricos frente al cambio climático.

Expertos y actores del sector coinciden en que una eventual expansión nacional del modelo requerirá resolver los problemas detectados en el piloto, especialmente en materia de infraestructura de carga, capacitación técnica, suministro de repuestos y estabilidad en las reglas de juego. La falta de continuidad en administraciones posteriores y la ausencia de una política nacional sólida fueron factores que limitaron el crecimiento del programa en el pasado.

Con este nuevo anuncio, el Gobierno busca retomar la apuesta por la movilidad eléctrica a gran escala. El reto ahora será convertir la ambición del plan en una política sostenible que combine incentivos económicos, desarrollo industrial y condiciones reales para que los taxistas puedan hacer la transición sin afectar su sustento.