La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, entró en una fase decisiva. La Fiscalía General de la Nación confirmó que seis de los nueve implicados capturados aceptaron preacuerdos, una estrategia que busca acelerar las condenas y concentrar los esfuerzos judiciales en identificar y procesar a los determinadores del crimen.

La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, explicó que los acuerdos permitirán que durante 2026 se fijen audiencias para la emisión de sentencias, una vez los jueces avalen las negociaciones. Según la funcionaria, el avance procesal es clave para depurar responsabilidades y fortalecer el caso contra quienes habrían ordenado el magnicidio.

En paralelo, los investigadores intensificaron el análisis técnico de la información recolectada. Peritajes sobre antenas de telefonía celular y registros detallados de llamadas han sido cruzados con otros elementos probatorios para reconstruir movimientos, comunicaciones y roles de los implicados antes, durante y después del atentado. Estas verificaciones buscan ampliar el círculo de responsables y robustecer la imputación contra los autores intelectuales.

Las pruebas acumuladas por la Fiscalía y la Policía Nacional refuerzan la hipótesis de que detrás del crimen estarían estructuras armadas ilegales. En particular, las indagaciones apuntan a la Segunda Marquetalia como presunta responsable de haber dado la orden. Uno de los testimonios clave es el de Katherine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, quien relató que recibió instrucciones para desplazarse hacia el Caquetá con el fin de internarse en la selva y recibir entrenamiento, tras el ataque.

En cuanto a los responsables ya judicializados, el proceso ha permitido establecer la participación de cada uno. El menor de 15 años que disparó el arma fue sancionado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y cumple una condena de siete años en un centro especializado. Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, aceptó cargos y enfrentará una pena de 21 años de prisión por su papel en la planeación y logística del atentado. Katherine Andrea Martínez permanece recluida por haber entregado el arma utilizada, mientras que William Fernando González Cruz, alias El Hermano, fue llamado a juicio por su intervención en la huida y coordinación posterior.

También avanzan los procesos contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, señalado como uno de los coordinadores del plan criminal; Cristian Camilo González Ardila, quien se entregó voluntariamente; Harold Daniel Barragán Ovalle, presunto articulador de la contratación del sicario; Jhorman David Mora Silva, acusado de persuadir al menor; y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, considerado el enlace directo con quienes habrían ordenado el asesinato.

Con los preacuerdos en marcha y nuevas pruebas en análisis, la Fiscalía sostiene que el objetivo central para el nuevo año es cerrar el cerco sobre los autores intelectuales y llevarlos ante la justicia, en uno de los casos criminales de mayor impacto político del país en los últimos años.