El aumento del salario mínimo decretado para 2026 encendió las alertas sobre la estabilidad fiscal del país. De acuerdo con un análisis técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el incremento del 23 % tendrá un impacto directo y significativo en las cuentas del Estado, ampliando el déficit fiscal en más de cinco billones de pesos y complicando el cumplimiento de las metas de sostenibilidad presupuestal.

Según las proyecciones del comité, el mayor costo fiscal asociado al nuevo salario mínimo alcanzará aproximadamente 5,3 billones de pesos durante 2026, lo que equivale a cerca del 0,3 % del producto interno bruto. El efecto no se limitaría a un solo año, pues a partir de 2027 el impacto podría escalar hasta los 8 billones de pesos, alrededor del 0,4 % del PIB, incrementando las dificultades para retomar la senda de ajuste prevista en la Regla Fiscal.

El análisis parte de un crecimiento real del salario mínimo cercano al 18,5 %, una variación considerablemente superior al promedio registrado en las últimas dos décadas. Este aumento, aunque mejora el ingreso de los trabajadores, genera presiones automáticas sobre diversas partidas del gasto público, especialmente aquellas indexadas al salario mínimo.

Uno de los efectos más relevantes se presenta en el sistema pensional. El incremento eleva el valor de las pensiones del régimen de prima media cercanas al salario mínimo, lo que se traduce en un mayor gasto estimado en 4,7 billones de pesos. A ello se suma el aumento en la nómina de los empleados públicos que devengan el salario mínimo, con un costo adicional cercano a los 0,6 billones de pesos.

El comité advierte que el impacto no se limita a salarios y pensiones. El salario mínimo también sirve de referencia para contratos estatales de servicios como vigilancia y aseo, así como para algunas pensiones del régimen de ahorro individual que se ajustan con base en este indicador y no con la inflación. En estos casos, cuando los recursos acumulados no son suficientes, el Estado debe asumir el mayor costo, ampliando aún más la presión fiscal.

En el frente de los ingresos, el informe señala posibles efectos negativos sobre el recaudo tributario. El aumento de los costos laborales puede reducir la rentabilidad de las empresas y, en consecuencia, afectar el impuesto de renta corporativo. Bajo este escenario, la disminución del recaudo podría rondar los 2,7 billones de pesos anuales.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal subraya que existen impactos adicionales difíciles de cuantificar por ahora, relacionados con futuros ajustes pensionales y otros rubros del gasto público indexados al salario mínimo. En conjunto, el organismo concluye que el aumento salarial para 2026, aunque relevante desde el punto de vista social, representa un desafío importante para la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de estrechez fiscal y altas exigencias presupuestales.