La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia volvió a cerrarse sin acuerdos entre empresarios y centrales obreras, un escenario que deja prácticamente en manos del Gobierno nacional la decisión final mediante decreto presidencial. La falta de consenso ha incrementado la expectativa entre millones de trabajadores, especialmente por el impacto que tendría un incremento elevado en un momento económico y político sensible para el país.

Las posiciones de las partes continúan distantes. Mientras los gremios empresariales han insistido en un ajuste cercano al 7,2 %, alineado con indicadores de inflación y productividad, los sindicatos se mantienen firmes en su propuesta de un aumento del 16 %. En medio de este pulso, el Ejecutivo ya dejó claro que no considera viable un incremento de un solo dígito, lo que refuerza la posibilidad de un alza significativa.

En las últimas semanas, declaraciones desde el alto Gobierno han alimentado la percepción de que el ajuste podría ubicarse en dos dígitos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que el incremento final podría superar las proyecciones iniciales del Ejecutivo, aclarando que cálculos previos incluían el auxilio de transporte y que la cifra definitiva podría sorprender a más de uno.

Bajo ese escenario, un aumento del 12 % se ha convertido en una de las alternativas más comentadas. De concretarse, el salario mínimo pasaría de 1.425.000 pesos a cerca de 1.596.000 pesos mensuales. Si el auxilio de transporte también se ajusta en el mismo porcentaje, este alcanzaría los 224.000 pesos, llevando el ingreso total mensual de los trabajadores beneficiarios a un valor cercano a 1.820.000 pesos.

Sin embargo, este posible incremento no satisface plenamente a ninguno de los sectores. Para las organizaciones sindicales, el ajuste seguiría siendo insuficiente frente al costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Para el sector empresarial, en cambio, representa un riesgo considerable para la sostenibilidad financiera, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Expertos en economía y finanzas públicas han advertido sobre los efectos colaterales de un aumento de esta magnitud. Señalan que un ajuste superior a la inflación y la productividad puede generar presiones fiscales y afectar el empleo formal. Según algunos cálculos, el impacto en el presupuesto nacional por mayores cargas parafiscales podría superar los 600.000 millones de pesos, recursos que hoy no estarían plenamente garantizados.

Desde el ámbito laboral, también se advierte que el incremento tendría efectos automáticos en los aportes a salud, pensión y cajas de compensación, elevando los costos de contratación. Este panorama podría traducirse en una desaceleración del empleo formal durante los primeros meses de 2026 y en un mayor impulso a la informalidad.

A esto se suma el impacto indirecto en otros servicios y actividades económicas que tienen como base el salario mínimo, como la vigilancia privada, las horas extras y diversos servicios tercerizados, cuyos costos podrían trasladarse a los usuarios finales.

Mientras el Gobierno afina la decisión que tomará por decreto, el debate continúa abierto. Un aumento del 12 % se perfila como uno de los más altos de los últimos años, pero también como uno de los más discutidos por sus efectos económicos, fiscales y laborales, en un momento decisivo para el rumbo del país.