El ministro de Hacienda, Germán Ávila, salió al paso de versiones que generaron inquietud en la opinión pública y aseguró que el Gobierno nacional no contempla incrementar el impuesto a los movimientos financieros del 4×1.000 al 5×1.000 en el marco de la emergencia económica. Según explicó, dicha información provino de un documento falso que no corresponde a ninguna propuesta oficial del Ministerio.

El jefe de la cartera económica fue enfático en señalar que el Ejecutivo no ha evaluado en ningún momento elevar ese gravamen y reiteró que la discusión real se centra en otras alternativas de recaudo. En ese sentido, confirmó que una de las medidas que sí se analiza es un ajuste al impuesto al patrimonio, enfocado principalmente en grandes capitales y bajo un esquema progresivo.

De acuerdo con Ávila, la propuesta plantea que los patrimonios hasta los 2.000 millones de pesos no estén sujetos al impuesto, incluyendo la vivienda principal. A partir de ese umbral, se aplicarían tarifas graduales que aumentan conforme crece el patrimonio, con el objetivo de que la mayor carga recaiga sobre quienes cuentan con mayores recursos, protegiendo a los sectores medios.

El ministro también indicó que dentro del paquete de medidas se contempla un mayor aporte del sector financiero, argumentando que las utilidades registradas por estas entidades han sido significativas y que, en el contexto actual, se requiere un esfuerzo adicional de tributación para contribuir al equilibrio fiscal. Con este conjunto de acciones, el Gobierno proyecta un recaudo superior a los 4 billones de pesos, destinados a inversión social y atención de prioridades urgentes.

Ávila defendió que recurrir al endeudamiento no es la vía adecuada para estabilizar las finanzas públicas y reiteró que el Gobierno ha avanzado en recortes y aplazamientos del gasto por más de 14 billones de pesos. A su juicio, fortalecer los ingresos tributarios y ajustar el gasto son herramientas más responsables que aumentar la deuda.

Finalmente, explicó que la declaratoria de emergencia económica responde a una acumulación de hechos recientes, entre ellos el hundimiento de la ley de financiamiento tras la aprobación del presupuesto, decisiones judiciales que implican nuevas obligaciones de gasto y situaciones sobrevinientes como el deterioro del orden público y emergencias naturales. Según el ministro, este conjunto de factores generó un desequilibrio fiscal que obliga al Gobierno a actuar con medidas excepcionales.