El estado de salud del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, volvió a generar inquietud luego de que se conociera que sufrió una descompensación asociada a una baja presión arterial mientras permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, en Bogotá, en el marco del proceso judicial por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

De acuerdo con información revelada por W Radio, el exfuncionario tuvo que ser atendido de manera inmediata por personal médico del centro de reclusión, que realizó una valoración prioritaria ante la alerta por su condición física.

Bonilla permanece privado de la libertad tras la imposición de una medida de aseguramiento, junto con el también exministro Luis Fernando Velasco, mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La situación médica del exministro ha sido uno de los principales argumentos de su defensa, que ha insistido en la necesidad de considerar su estado de salud. El equipo jurídico recordó que Bonilla sufrió hace algunos meses un ataque isquémico cerebral, episodio que le dejó como secuela una afasia motora y que lo mantuvo internado en una unidad de cuidados intensivos.

Según sus abogados, a este antecedente se suman otros diagnósticos clínicos que complican su condición general. Entre ellos se encuentran enfermedad renal crónica, hiperplasia prostática, dislipidemia y reflujo gastroesofágico, patologías que requieren seguimiento médico constante y atención especializada, especialmente teniendo en cuenta que el exministro tiene 76 años.

Pese a estos argumentos, el INPEC determinó que Bonilla continúe recluido en el CESPO, al considerar que el lugar cuenta con condiciones para garantizar su custodia y la atención básica requerida, mientras se define su situación jurídica de fondo.

El episodio de descompensación ha reavivado el debate sobre las condiciones de salud de los detenidos de alto perfil y la responsabilidad del Estado de garantizar su integridad física durante el desarrollo de los procesos judiciales.