La propuesta del nuevo impuesto del 5×1000, planteada en el marco del decreto de estado de emergencia económica del Gobierno nacional, sigue generando fuertes reacciones y advertencias desde distintos sectores. Una de las voces más críticas fue la del exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, quien aseguró que la medida tendría efectos negativos directos sobre la vida financiera de los colombianos y podría incentivar prácticas ilegales como el crédito gota a gota.

Junco afirmó que la creación de nuevos impuestos en un contexto de incertidumbre económica contradice el objetivo de estabilidad que debería guiar las decisiones del Estado. Según explicó, gravar las transacciones financieras desestimula el uso del sistema bancario formal y empuja a muchas personas a buscar alternativas riesgosas para acceder a liquidez.

El exfuncionario advirtió que el impacto no solo recaería sobre los ciudadanos, sino también sobre las empresas, que verían encarecidos sus movimientos financieros y restringida su capacidad de operación. A su juicio, esta presión sobre el sistema formal termina favoreciendo el uso de efectivo y el crecimiento de esquemas informales de préstamo diario, conocidos como gota a gota, con consecuencias sociales y de seguridad.

Junco sostuvo que el impuesto del 5×1000 haría menos atractivas las transacciones electrónicas y afectaría los avances logrados en inclusión financiera y digitalización. En ese sentido, señaló que la medida va en contravía de los esfuerzos adelantados por el Banco de la República para modernizar los pagos, impulsar billeteras digitales y reducir la dependencia del efectivo.

“Este tipo de decisiones nos haría retroceder décadas en materia financiera. La gente volvería a manejarse en efectivo, generando mayor opacidad y dificultando el control económico”, afirmó, al tiempo que insistió en que estas políticas terminan cerrando las puertas del sistema formal a quienes más lo necesitan.

Finalmente, el exdirector de la DIAN hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que actúe con coherencia y evalúe cuidadosamente los efectos del decreto de emergencia y de los nuevos tributos propuestos. En su opinión, mantener el precedente jurídico y proteger la estabilidad financiera es clave para evitar un deterioro mayor en la economía del país durante un momento especialmente sensible.