La agenda energética y minera del país vuelve al centro del debate nacional con la presentación del documento “Colombia no se apaga”, una propuesta que plantea una hoja de ruta para garantizar energía continua, tarifas más justas y una transición energética responsable, sin poner en riesgo el abastecimiento ni la estabilidad económica del país.

El proyecto, presentado como un plan de Estado y no de gobierno, advierte que las decisiones en materia energética no pueden continuar cambiando cada cuatro años al ritmo de intereses políticos. Plantea que Colombia necesita reglas claras, instituciones técnicas e independientes y seguridad jurídica que permita atraer inversión, ejecutar proyectos a tiempo y evitar los aumentos desproporcionados en las tarifas que hoy afectan a millones de hogares.

Según el diagnóstico expuesto, el país enfrenta tres desafíos críticos: caída en la producción de gas y petróleo, retrasos alarmantes en las obras de transmisión eléctrica y un avance sin control de la minería criminal que financia economías ilícitas y destruye territorios. Estas problemáticas, sumadas a trámites lentos y decisiones inconsistentes, han generado aumentos en los recibos de energía, riesgo de racionamientos y pérdida de confianza en el sector.

La propuesta plantea una Visión 2030 sustentada en tres objetivos: energía estable sin racionamientos, tarifas pagables y una minería formal con trazabilidad total. Entre sus metas se incluyen recuperar la autosuficiencia en gas, ampliar la cobertura eléctrica rural, reforzar la red de transmisión, impulsar comunidades energéticas y eliminar el uso de mercurio en la minería ilegal.

También se detalla un paquete de acciones para los primeros 100 días de gobierno que incluye subastas de energías renovables, creación de un monitor de mercado para vigilar la competencia, reactivación exploratoria de gas, medidas para estabilizar tarifas y un plan de choque en transmisión.

El documento dedica un capítulo especial a responder “dolores ciudadanos” relacionados con facturas elevadas, fallas en el servicio, interrupciones de gas, atención deficiente por parte de las empresas y la falta de acceso a energías limpias. Propone medidores inteligentes, ajustes tarifarios, incentivos para energía solar, mejor atención al usuario y esquemas de subsidios más justos para regiones como el Caribe.

En materia minera, la propuesta impulsa una ofensiva contra la ilegalidad basada en trazabilidad total del oro, persecución financiera a las redes criminales, control del mercurio y fortalecimiento de la minería formal que genera empleo y desarrollo regional.

“Colombia no se apaga” plantea, en esencia, convertir la energía en una política de Estado, donde la técnica prevalezca sobre la política y donde las decisiones se traduzcan en un sistema confiable, tarifas razonables y bienestar para los ciudadanos. La propuesta proyecta un país donde la riqueza del petróleo y el gas financie la energía limpia del futuro, donde las obras lleguen a tiempo y donde la minería contribuya al desarrollo sin criminalidad ni destrucción ambiental.

Una apuesta que, según sus impulsores, busca devolver estabilidad, confianza y rumbo al sector energético y minero, pilares fundamentales de la competitividad nacional.