La controversia por el bombardeo en Guaviare, donde murieron siete menores de edad, volvió a encender el debate nacional sobre el rumbo de la estrategia militar del Gobierno de Gustavo Petro. Las declaraciones recientes del presidente y del ministro de Defensa evidencian un viraje respecto a la postura inicial de su administración, que en 2022 había prometido eliminar los bombardeos en los que pudiera haber niños, niñas y adolescentes.

Cuando Petro llegó al poder, su bandera fue la llamada seguridad humana. Su entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue claro desde el primer momento: los bombardeos debían suspenderse si existía riesgo para menores reclutados. “Los bombardeos deben ser suspendidos”, dijo, insistiendo en que los menores son víctimas del conflicto y se debía evitar cualquier acción que pusiera en peligro su vida.

Sin embargo, esa directriz comenzó a transformarse. El primer bombardeo de esta administración ocurrió en julio de 2024, aunque no apuntaba a objetivos humanos sino a despejar un campo minado en el Cauca. Desde entonces, y de manera progresiva, el Gobierno ha autorizado 12 bombardeos dirigidos especialmente contra las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por ‘Iván Mordisco’, y contra el Clan del Golfo, grupos que han desafiado abiertamente la política de paz total y expandido su presencia territorial.

El episodio del 13 de noviembre de 2025 en Calamar (Guaviare), que buscaba neutralizar a alias Antonio Medina, cambió por completo el tono del debate. La confirmación de la muerte de al menos siete menores puso en entredicho el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y confrontó al Gobierno con sus propias promesas.

Un discurso que ya no es el mismo

Tras conocerse la cifra de víctimas menores, el presidente Petro afirmó que los bombardeos “siempre tienen un riesgo” y que una falla en inteligencia puede derivar en tragedias como la ocurrida. “Ese es el riesgo que solo el presidente asume”, sostuvo al defender la operación.
En su cuenta de X explicó que 150 hombres de las disidencias avanzaban hacia un grupo de 20 soldados, y que una emboscada habría sido fatal. “Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado”, justificó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue aún más tajante y marcó un quiebre con lo dicho por su antecesor. Según él, “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma”.
Esa afirmación contrasta drásticamente con la visión que el propio Gobierno defendió al inicio de su mandato, cuando consideraba a los menores reclutados únicamente como víctimas y se negaba a autorizar operaciones que pudieran comprometer su vida.

También representa un giro respecto al Petro senador, que criticó duramente a Iván Duque por operaciones militares en las que murieron niños.

¿Cambio de política o reacción coyuntural?

El viraje en el discurso oficial ha generado inquietudes sobre si existe un cambio estructural en la estrategia de seguridad o si se trata de respuestas puntuales frente a la escalada de violencia de estructuras armadas que han desbordado regiones como el Cauca, el Nariño y el Guaviare.

Por ahora, la línea es clara: el Gobierno reconoce que está recurriendo a bombardeos de manera más frecuente y defiende estos ataques como decisiones necesarias para evitar emboscadas y proteger a las tropas.

Lo que no es claro aún es si esa reinterpretación de la seguridad humana responderá a una nueva doctrina militar o si será un giro temporal en medio de la presión por controlar a grupos armados que siguen reclutando menores y ampliando su capacidad ofensiva.

Lo cierto es que el debate continúa abierto y, tras lo ocurrido en Guaviare, las preguntas sobre el rumbo de la política de seguridad del Gobierno Petro apenas comienzan.