La controversia por el bombardeo del 10 de noviembre en Guaviare continúa creciendo. Este domingo, el presidente Gustavo Petro reconoció que las Fuerzas Militares no tenían información sobre la presencia de menores en el campamento de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco, donde murieron veinte personas, entre ellos siete adolescentes de entre 13 y 17 años.

En un mensaje publicado en redes sociales, Petro insistió en que la operación no violó el derecho internacional humanitario. “No es cierto que rompí el principio de distinción. En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona”, afirmó el mandatario, asegurando que el objetivo eran combatientes armados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo el 15 de noviembre que en el sitio del operativo “solo había combatientes ilegales en armas de diferentes edades”, respaldando la postura del Gobierno frente al ataque realizado en el resguardo Itilla, en Calamar. La operación buscaba neutralizar a alias Pescado y Jimmy Martínez, mandos cercanos a ‘Mordisco’.

Sin embargo, Medicina Legal confirmó que siete de los fallecidos eran menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres. Esto encendió el debate nacional e internacional sobre el uso de bombardeos en áreas donde grupos ilegales reclutan a niños.

Petro justificó su decisión señalando que las columnas de ‘Mordisco’ estaban compuestas únicamente por combatientes y que no existía información previa que alertara sobre la presencia de menores. Además, rechazó comparaciones con otros casos: “Es desobligante comparar los bombardeos a Gaza, al Remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe. En esos sitios han bombardeado civiles desarmados con armas más letales”, dijo.

El presidente sostuvo que oponerse a los bombardeos “es una posición equivocada” porque permite que los grupos del narcotráfico sigan reclutando niños impunemente. También confirmó que, durante su gobierno, ha autorizado doce bombardeos y que continuará haciéndolo cuando lo considere necesario.

El debate político ya comenzó a escalar. La representante Katherine Miranda anunció que citará a moción de censura al ministro de Defensa, mientras el presidente del Senado, Lidio García, advirtió que “la paz total no puede construirse sobre la tumba de nuestros niños”.

Desde Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos expresó su preocupación, calificó a los menores como víctimas de reclutamiento forzado y llamó al Estado a fortalecer la protección de la niñez en zonas de conflicto.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa insiste en que el operativo evitó un ataque masivo contra veinte militares que, según inteligencia, estaban a punto de ser emboscados por cerca de 150 disidentes.

Con este reconocimiento público y la defensa firme del bombardeo, el Gobierno se enfrenta nuevamente a una discusión nacional sobre los límites de la acción militar, la protección de los menores reclutados y el rumbo de la política de seguridad en medio del avance de las disidencias en varias regiones del país.