Crece la conmoción en el país tras confirmarse que siete menores de edad murieron durante un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare, en una operación dirigida contra un campamento de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. La acción, que dejó un total de 20 fallecidos, vuelve a poner sobre la mesa la grave situación del reclutamiento forzado en los territorios más afectados por la violencia.

Medicina Legal informó que, tras los exámenes forenses, se determinó que siete de los cuerpos correspondían a menores de edad: cuatro niñas y tres niños. De acuerdo con un informe militar revelado por El País América, ya se han identificado cinco de las edades: 13, 15, 16 (dos casos) y 17 años. La confirmación oficial desencadenó críticas, llamados de alerta y cuestionamientos sobre los protocolos de inteligencia y ejecución de este tipo de operaciones.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó su “profunda preocupación” y recordó que los grupos armados ilegales son responsables directos de exponer a la niñez al reclutamiento, al uso como escudos humanos y a los más altos riesgos en zonas de conflicto. Sin embargo, también instó al Estado colombiano a reforzar de inmediato sus medidas de protección para garantizar la vida e integridad de los menores.

El organismo internacional afirmó que es urgente que las fuerzas militares adopten todas las precauciones necesarias en sus labores operativas para evitar que menores reclutados sean revictimizados o pierdan la vida en acciones armadas. Además, reiteró la necesidad de redoblar esfuerzos para prevenir el reclutamiento forzado en el país, una práctica que sigue afectando gravemente a comunidades rurales y étnicas.

El caso reabre el debate sobre los desafíos que enfrenta Colombia para equilibrar la acción militar contra grupos ilegales con la obligación constitucional de proteger a la población más vulnerable. Mientras avanzan las investigaciones, el país exige respuestas claras y medidas contundentes que garanticen justicia, prevención y la defensa de los derechos de los niños y adolescentes atrapados en el conflicto.