El exrector Ramsés Vargas Lamadrid se encuentra nuevamente en la mira de la Fiscalía General de la Nación, esta vez por la presunta elección irregular de su cargo como rector de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) en 2013 y por un presunto desfalco que asciende a más de 16 mil millones de pesos.

Según la acusación formulada por la Fiscalía, los estatutos de la universidad exigían que, ante la licencia de la rectora titular, Silvia Gette Ponce, el cargo temporal fuera asumido por el vicerrector u otro suplente formalmente designado. No obstante, el Consejo Directivo de la UAC convocó una reunión y designó a Vargas como rector, pese a que no figuraba en el escalafón de suplentes y, según las investigaciones, no cumplía los requisitos estatutarios para asumir el cargo.

La audiencia de formulación de cargos se celebró de manera virtual y solo acudieron cuatro de los miembros del Consejo Directivo de esa época. Vargas y otro de los investigados, Tamid Turbay Echeverría, no asistieron, motivo por el cual la juez decretó su contumacia, lo que permite que el trámite judicial avance aún sin su presencia.

Pero este no es el único frente abierto contra Vargas Lamadrid. En la misma investigación, la Fiscalía sostiene que durante su rectoría se habrían desviado recursos y formulado maniobras para captar matrículas en efectivo y luego darles destino desconocido. Se mencionan bonos y pagos extraordinarios que no estarían respaldados legalmente, favorecimientos a ciertos funcionarios y gastos injustificados, entre ellos pagos efectuados en efectivo o mediante giros sin soporte documental.

En documentos oficiales del Ministerio de Educación Nacional se advertía una crítica situación en la UAC hacia finales de 2017: reportes de falta de liquidez, atrasos en salarios y prestaciones sociales por valores que superaban los 5.800 millones de pesos en salarios y más de 1.100 millones en prestaciones. Esa situación fue vinculada por el Ministerio al posible “ingreso de terceros en los activos de la Universidad” y al deterioro de la autonomía.

El proceso contra Vargas Lamadrid ha recorrido múltiples etapas: fue capturado en noviembre de 2018 en Cartagena tras permanecer prófugo y posteriormente quedó en libertad por vencimiento de términos. Ahora, con la nueva imputación por la elección irregular como rector además del ya peso del presunto desfalco, el caso abre una nueva fase en la fiscalización de las instituciones universitarias privadas de la región Caribe.

La UAC, por su parte, ha sido objeto de múltiples investigaciones y sanciones por parte del Ministerio de Educación, lo que ha llevado a su intervención y a la designación de un inspector in situ para hacer seguimiento a su gestión administrativa y financiera.

Con esta acumulación de cargos y cuestionamientos, el caso de Ramsés Vargas se perfila como uno de los más complejos en materia de corrupción en educación superior en la región Caribe. Resta por descubrir cómo continuará el trámite judicial, qué evidencias concretas presentará la Fiscalía y qué implicaciones tendrá para la gobernabilidad de las universidades en Colombia.

Cronología del caso

• Mayo de 2013: Ramsés Vargas asumió como rector de la UAC, tras la salida de la rectora titular Silvia Gette Ponce.

• 2017 – finales de ese año: El Ministerio de Educación advirtió que la UAC presentaba problemas graves de liquidez, con deudas por salarios y prestaciones sociales, lo que derivó en que se designara un inspector in situ para vigilar la gestión de la institución.

• 26 de noviembre de 2018: Vargas fue capturado en el marco de lo que se denominó la “Operación Uniautónoma”, junto con otros directivos de la universidad, por presuntas irregularidades administrativas y financieras.

• 2018–2019: Se desarrollaron las primeras audiencias del proceso. En junio de 2019 Vargas pasó a medida de detención domiciliaria.

• Abril de 2021: Un juzgado negó el pago de una indemnización de aproximadamente 7.400 millones de pesos que Vargas reclamaba a la UAC por despido injustificado.

• Marcha de 2023 en adelante: La Fiscalía anunció que Vargas será llevado a juicio por varios delitos, incluyendo concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, omisión del agente retenedor y corrupción privada, por un presunto desfalco superior a los 16 000 millones de pesos.

• Marzo de 2025: A pesar de los procesos en su contra, Vargas aparece inscrito como aspirante a la rectoría de la Universidad de Sucre para el periodo 2025–2028.

• Fecha reciente: Se le imputaron nuevos cargos por presunta designación irregular como rector en 2013, incluyendo fraude procesal y falsedad en documento privado. (Tal como mencionaste en la noticia previa.)

Implicados adicionales y contexto institucional

• Junto a Vargas están investigados otros directivos de la UAC en ese periodo, entre ellos miembros del Consejo Directivo y la Sala General de la universidad, quienes habrían facilitado maniobras administrativas para su designación y para la administración del alma mater.

• La UAC está bajo vigilancia especial del Ministerio de Educación debido a las fallas detectadas en su autonomía financiera y administrativa.

• La comunidad académica y los organismos de control han insistido en la necesidad de mayor transparencia en la elección de rectores y en la gestión de universidades privadas sin ánimo de lucro, en especial en la región Caribe.

Sanciones posibles y consecuencias

• Para Vargas: si es hallado responsable en el juicio que se avecina, podría enfrentarse a múltiples sanciones penales incluyendo prisión, multas y pérdida de derechos políticos, además de la obligación de resarcir al patrimonio de la universidad.

• Para la UAC: riesgo de sanciones administrativas adicionales, inhabilitación para recibir recursos públicos, intervenciones prolongadas o mayor supervisión estatal.

• Para el sistema universitario: el caso refuerza la vigilancia sobre los procesos de elección de altos cargos académicos, lo que puede llevar a reformas estatutarias, controles más estrictos y exigencia de transparencia por parte de la comunidad académica.