El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aclaró que hasta el momento no existe ninguna decisión oficial sobre la supuesta venta del activo de Ecopetrol en la Cuenca del Permian, en Estados Unidos, y que las versiones difundidas en los últimos días corresponden únicamente a rumores. Sin embargo, el ente de control inició un proceso de verificación para determinar si existe alguna intención formal de enajenación y si una eventual negociación podría generar detrimento patrimonial para el país.

“Hasta ahora solo se trata de especulaciones. Si existiera una intención de venta, esta tendría que estar registrada en las actas de la Junta Directiva de Ecopetrol y sustentada con documentos técnicos y financieros”, afirmó Rodríguez, quien confirmó que la Contraloría solicitó información detallada a la compañía estatal.

El órgano de control pidió a Ecopetrol remitir los soportes técnicos, jurídicos y financieros sobre la situación del Permian, un activo que, según explicó el contralor, representa el 15 % de la producción y el 14 % del EBITDA del segmento de exploración y producción de la empresa. “Este es un activo estratégico que incide directamente en las utilidades que recibe el Gobierno Nacional como accionista mayoritario. Por eso, cualquier decisión debe tomarse con absoluto rigor técnico y financiero”, puntualizó.

Como parte de una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General de la República dio un plazo a la compañía para entregar toda la documentación requerida. El requerimiento fue dirigido al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y busca determinar si la eventual venta del Permian ha sido discutida en la Junta Directiva y si se han cumplido los principios del gobierno corporativo.

La entidad de control también pidió un informe que incluya los posibles impactos fiscales, reputacionales y estratégicos de una operación de este tipo, teniendo en cuenta que el Permian es uno de los activos más rentables de la compañía.

Rodríguez enfatizó que la función de la Contraloría es garantizar la defensa del patrimonio público y asegurar que las decisiones empresariales no comprometan los recursos del Estado. “Revisaremos con total independencia si cualquier acción relacionada con el Permian puede representar un riesgo o un perjuicio para el país”, concluyó.