La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre la creciente crisis en el acceso a medicamentos en Colombia, una situación que, según su más reciente informe, está poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de personas, especialmente en regiones rurales y apartadas del país.

Durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que el país atraviesa un deterioro estructural en su sistema de salud, donde las demoras, la falta de medicamentos y los altos costos recaen directamente sobre los ciudadanos.

El estudio, basado en 3.449 encuestas, revela que el desabastecimiento de fármacos esenciales como metformina, valsartán, insulina glargina, quetiapina, ácido valproico y ácido fólico obliga a los usuarios a cubrir por su cuenta hasta el 90 % de sus ingresos mensuales para poder continuar sus tratamientos. Esto, según el informe, está generando un efecto en cadena que impacta derechos fundamentales como la alimentación, la educación y la vivienda.

La Defensoría identificó que los departamentos más afectados por la falta de acceso a medicamentos son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, seguidos por La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío. En estas zonas, la falta de infraestructura, conectividad y presencia institucional agrava la vulnerabilidad de las comunidades.

Según el documento, con corte a septiembre de 2025, se registraron 584 medicamentos no entregados y un 48 % de los casos sin solución, mientras que 61 % de los pacientes debieron comprarlos por su cuenta. Los medicamentos más reportados como faltantes fueron Metformina, Valsartán y Losartán, que concentran una cuarta parte de las denuncias.

En materia judicial, el panorama también es preocupante. En los últimos cinco años y ocho meses, se interpusieron 1.003.147 tutelas ante la Corte Constitucional relacionadas con el derecho a la salud. Solo en 2025, el 33,85 % de las acciones correspondió a reclamos por este derecho, y el 36,82 % estuvo vinculado directamente con la entrega tardía o la negación de medicamentos.

El informe atribuye esta crisis a falta de transparencia financiera en las EPS e IPS, demoras en los pagos, cambios constantes en los gestores farmacéuticos y debilidades logísticas y administrativas, lo que ha llevado a un sistema cada vez más desigual.

Entre 2022 y 2025, la Defensoría ha recibido más de 107.000 quejas por irregularidades en salud, mientras la Superintendencia Nacional de Salud reportó 685.000 reclamos por medicamentos, lo que equivale a un promedio de 1.600 denuncias diarias.

Ante este panorama, la entidad presentó seis recomendaciones clave al Gobierno Nacional:

1. Impulsar una reforma estructural del sistema de salud.

2. Fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar duplicidad de funciones.

3. Garantizar transparencia en la rendición de cuentas de EPS e IPS.

4. Implementar una atención con enfoque territorial que priorice las zonas rurales y étnicas.

5. Fomentar la vigilancia ciudadana y el control social sobre el sistema.

6. Reforzar las capacidades institucionales y judiciales para dar respuesta oportuna a los usuarios.

“La inequidad social y económica sigue siendo la raíz de esta crisis. Mientras persista, será imposible garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud”, señaló la defensora Iris Marín Ortiz, quien instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar transiciones seguras y proteger la vida y la dignidad de los pacientes colombianos.

Con esta advertencia, la Defensoría del Pueblo deja en evidencia que el país enfrenta una de las peores crisis sanitarias de los últimos años, donde la escasez de medicamentos no solo refleja un problema administrativo, sino una vulneración directa al derecho a la salud que exige respuestas urgentes y estructurales.