Barranquilla vive una nueva controversia académica tras conocerse detalles del convenio firmado entre la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) y la Universidad del Atlántico (UA), que busca permitir el uso de salones y espacios académicos por parte de estudiantes de la Facultad de Idiomas de la UA. El acuerdo, que inicialmente fue presentado como una medida de cooperación institucional, ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y miembros del Consejo Superior de la Autónoma, quienes denuncian que el documento firmado difiere del que fue aprobado en el máximo órgano de gobierno universitario.

Durante una entrevista en el programa Diálogo con Alcides, el consejero superior Javier Manjarrés Ramos explicó que el convenio fue avalado por el Consejo bajo el compromiso de que el bloque I, donde funcionaba la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, sería recuperado y restaurado con una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Sin embargo, tras la firma del documento, surgieron denuncias que señalan que el convenio podría desplazar a los estudiantes de la Autónoma y trasladar parte de su formación a la virtualidad, algo que la comunidad educativa rechaza tajantemente.

“El rector nos presentó un convenio en el que ambas universidades ganaban. Se recuperaba infraestructura deteriorada, se garantizaban nuevos ingresos y se fortalecían las relaciones académicas. Pero el texto que finalmente se firmó no es el que aprobamos. Ahora se contempla la posibilidad de enviar a los estudiantes a la virtualidad, lo cual es inaceptable porque la matrícula establece educación presencial”, afirmó Manjarrés.

El contrato, que tiene un valor estimado de 840 millones de pesos anuales y se extendería hasta diciembre de 2026, pretendía ser un alivio financiero para la Universidad Autónoma, que enfrenta un déficit superior a los 200 mil millones de pesos, producto de pasivos heredados de administraciones anteriores. Pese a la crisis, los consejeros y representantes estudiantiles han sido enfáticos en que la recuperación económica no puede hacerse a costa de los derechos de los alumnos.

“La educación virtual no está contemplada dentro de los programas académicos de la Autónoma. Los estudiantes firmaron una matrícula presencial, y cualquier intento de modificar esa modalidad sería ilegal”, insistió Manjarrés, añadiendo que los espacios de práctica, como los laboratorios de radio, televisión y redacción, requieren presencialidad para garantizar la calidad académica.

El representante también aseguró que el Consejo Superior convocará a una sesión extraordinaria el próximo 14 de noviembre para exigir explicaciones al rector y verificar si hubo modificaciones en el documento original. “No vamos a permitir que los estudiantes sean desplazados de sus aulas. El convenio debe ejecutarse como se presentó: recuperando el bloque I y utilizando los espacios disponibles sin afectar a nadie”, puntualizó.

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El acuerdo con la Universidad del Atlántico contempla la adecuación de espacios para el traslado de oficinas administrativas y sindicales, además de aulas para la Facultad de Idiomas. Los recursos obtenidos serían destinados a cubrir deudas con la seguridad social y otros compromisos financieros. Sin embargo, el malestar crece entre estudiantes y padres de familia que temen que se les imponga la virtualidad sin condiciones técnicas adecuadas ni respaldo institucional.

Manjarrés destacó que la Autónoma no cuenta actualmente con la infraestructura para impartir educación virtual de forma masiva, y recordó que durante la pandemia esta modalidad se implementó de manera excepcional. “La Universidad tiene plataformas digitales, pero no la capacidad para sostener programas académicos completos fuera del campus. Eso fue una medida de emergencia, no una opción permanente”, recalcó.

El convenio comenzaría a ejecutarse el 8 de noviembre, aunque varios miembros del Consejo han solicitado que se postergue hasta finalizar el semestre académico, con el fin de evitar afectaciones en el calendario estudiantil y dar tiempo para la recuperación del bloque I. “La idea es que los estudiantes de la Autónoma terminen sus clases con normalidad, mientras se adecuan los espacios para recibir a los de la Universidad del Atlántico”, añadió el consejero.

Finalmente, Manjarrés envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y aseguró que los órganos de control de la Universidad estarán vigilantes del uso de los recursos. “Vamos a garantizar que cada peso se invierta correctamente y que los estudiantes sigan recibiendo educación presencial, como ha sido tradición durante los 58 años de historia de la Universidad Autónoma del Caribe”, concluyó.

Con este convenio, ambas instituciones buscaban fortalecer la cooperación académica y optimizar espacios subutilizados, pero el debate que ha surgido en torno a su ejecución evidencia la necesidad de mayor transparencia y diálogo entre directivos, estudiantes y profesores para evitar conflictos que afecten la estabilidad educativa.