El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, no pudo asistir de manera presencial a la audiencia preparatoria de juicio en su contra, realizada este martes 4 de noviembre en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla. Su abogado defensor, Alejandro Carranza, informó que las aerolíneas se negaron a venderle tiquetes por su inclusión en la denominada “Lista Clinton”, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante la diligencia, Carranza explicó que su cliente enfrenta “restricciones operativas y financieras” derivadas de la medida, lo que le impidió viajar desde Bogotá hasta Barranquilla. Además, señaló que Petro atraviesa dificultades económicas y teme por su seguridad, razones adicionales que sustentaron la solicitud para participar de manera virtual.

El juez del caso, Hugo Carbonó Ariza, consideró justificada la ausencia y aceptó que la audiencia se realizara en modalidad virtual hasta el 5 de noviembre. No obstante, expresó su preocupación por la participación del procesado en las próximas etapas del juicio oral, las cuales deben desarrollarse de forma presencial.

“Los argumentos expuestos por la defensa fueron tres: la imposibilidad de comprar tiquetes aéreos por las restricciones con Estados Unidos, la falta de recursos económicos y los riesgos de seguridad que enfrenta el procesado en caso de desplazarse”, precisó el juez durante la sesión.

Por su parte, la fiscal del caso, Lucy Laborde, pidió que se aportaran pruebas concretas de las gestiones realizadas para adquirir los tiquetes, ya fuera a nombre del propio Nicolás Petro o de un tercero. Sin embargo, la defensa respondió que esa alternativa no es viable bajo las normas de la OFAC.

“Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede actuar o realizar transacciones a su nombre. Es una regla internacional estricta”, explicó el abogado Carranza.

La inclusión de Nicolás Petro en la Lista Clinton, ocurrida semanas atrás, implica sanciones financieras y comerciales que impiden que personas naturales o jurídicas, especialmente bajo jurisdicción estadounidense, realicen cualquier tipo de negocio o transacción con él. Esta situación ha generado múltiples complicaciones para el exdiputado del Atlántico, procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La audiencia continuará de manera virtual mientras el juzgado define los mecanismos para garantizar la presencia del acusado en las siguientes etapas del proceso, cuyo desarrollo mantiene la atención pública por su impacto político y judicial.