El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer y Nicolás Petro, hijo del mandatario, en la llamada Lista Clinton, un registro que identifica a personas y entidades sancionadas por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico o el lavado de activos.

La decisión, que sorprendió al ámbito político colombiano, fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad adscrita al Tesoro estadounidense, encargada de imponer sanciones financieras a individuos o instituciones que, según sus investigaciones, representan riesgos para la seguridad o la economía de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial, las sanciones implican el congelamiento de bienes y cuentas en territorio estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y empresas norteamericanas de realizar transacciones con las personas incluidas en la lista.

Aunque hasta el momento la Casa de Nariño no ha emitido una declaración oficial, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que la medida será rechazada categóricamente y que Colombia solicitará a Washington las pruebas que sustentan la decisión.

Por su parte, sectores de la oposición calificaron la inclusión como un hecho sin precedentes en la historia política del país. “Esto representa un golpe durísimo para la imagen internacional del Gobierno colombiano. Si el presidente de la República aparece en la Lista Clinton, se pone en duda la transparencia del Estado”, manifestó un congresista del Centro Democrático.

En el caso del ministro Armando Benedetti, la decisión se habría derivado —según fuentes diplomáticas— de investigaciones que lo vincularían con manejos irregulares de fondos y presuntas triangulaciones financieras a través de terceros países.

La Lista Clinton, creada en 1995 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, ha sido utilizada por el Gobierno estadounidense como una herramienta para aislar financieramente a personas y empresas que considera parte de redes criminales internacionales. Figurar en ella conlleva fuertes repercusiones económicas y diplomáticas, pues bloquea el acceso a sistemas bancarios globales y dificulta cualquier operación internacional.

Mientras tanto, analistas en Washington y Bogotá coinciden en que esta decisión marcará un punto de tensión en las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente en un momento en que se desarrollaban conversaciones sobre cooperación antidrogas y acuerdos comerciales.

Hasta el cierre de esta edición, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se abstuvo de ofrecer declaraciones adicionales, limitándose a señalar que las sanciones “responden a procesos internos de investigación en curso”.

El Gobierno colombiano, por su parte, prepara un pronunciamiento oficial para rechazar lo que califica como una decisión arbitraria y políticamente motivada, en medio de un panorama que podría desatar un nuevo capítulo de crisis diplomática entre Bogotá y Washington.