El expresidente brasileño Jair Bolsonaro enfrenta uno de los momentos más críticos de su vida política y judicial. Luego de la publicación oficial del fallo que lo condena a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023, su defensa dispone ahora de cinco días hábiles para presentar solicitudes de aclaración ante el Supremo Tribunal Federal (STF), el primer paso en el proceso de apelación.

Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario preventivo, aún no ha comenzado a cumplir formalmente la pena impuesta. Sin embargo, su situación podría cambiar en los próximos días dependiendo de la decisión del magistrado Alexandre de Moraes, ponente del caso.

Las solicitudes de aclaración tienen como propósito corregir posibles contradicciones, omisiones o errores en la sentencia, aunque rara vez alteran el fondo del fallo. Aun así, el equipo jurídico del exmandatario ya anunció que hará uso de este recurso, mientras prepara una estrategia de apelación más amplia para intentar revertir la condena.

Una vez se presenten estos recursos, el juez Moraes deberá revisarlos y fijar una fecha para su discusión, que podría realizarse de manera presencial o virtual. La decisión final sobre el calendario recaerá en el presidente del STF, Flávio Dino. Si las solicitudes son rechazadas, el tribunal podría ordenar la ejecución inmediata de la sentencia, lo que pondría fin al arresto domiciliario y obligaría a Bolsonaro a ser trasladado a una prisión militar o a una sede de la Policía Federal, considerando su condición de exjefe de Estado.

Además, los abogados de la defensa cuentan con un plazo de 15 días adicionales para interponer un recurso de apelación. Sin embargo, la posibilidad de que este sea admitido es limitada, ya que el STF exige que al menos dos magistrados voten a favor de la absolución para que proceda la revisión. En el caso de Bolsonaro, únicamente el juez Luiz Fux votó por su absolución, lo que reduce significativamente sus opciones legales.

Ante la falta de alternativas, algunos juristas cercanos al expresidente evalúan presentar una moción de infracción, alegando que el criterio usado por el Supremo no está claramente contemplado en su reglamento interno. No obstante, esta acción podría ser rechazada de forma individual por el propio Alexandre de Moraes, lo que dejaría firme la condena.

El fallo del STF marca un hecho sin precedentes en la historia democrática de Brasil, al convertirse Bolsonaro en el primer expresidente condenado por atentar contra el orden constitucional.

Mientras tanto, su defensa mantiene el discurso de inocencia, asegurando que las manifestaciones del 8 de enero de 2023 fueron “espontáneas” y no una conspiración organizada para impedir la posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La condena de Bolsonaro, más allá de su impacto político, representa un punto de inflexión para la democracia brasileña, que busca cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente bajo la consigna de que nadie está por encima de la ley.