Un hecho de violencia institucional sacude a Barranquilla tras conocerse la denuncia contra Jaime Avendaño Camacho, director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para la región Caribe, señalado de agredir físicamente a un ciudadano durante un procedimiento de desalojo en la carrera 68 con calle 74, al norte de la ciudad.

La víctima, identificada como Gabriel Morillo Rodríguez, aseguró que el funcionario lo tomó por el cuello y lo golpeó contra un vehículo en presencia de escoltas, arrendatarios y testigos. El hecho, registrado en video y difundido a través de redes sociales, ha despertado indignación y generado llamados de atención por parte de juristas y defensores de derechos humanos.

Según Morillo, quien fue trasladado a un centro asistencial tras la agresión, llevaba 14 años en posesión pacífica del predio y contaba con una tutela que suspendía temporalmente la diligencia. “Me encuentro hospitalizado después de una agresión brutal. El director regional de la SAE me atacó delante de todos. Me duele el cuello, la espalda y temo por mi vida. Este abuso no puede quedar impune”, relató la víctima en un video compartido en sus redes.

Testigos aseguraron que el ambiente se tornó tenso cuando se mencionó la tutela. “El señor Avendaño se enfureció y lo agarró con fuerza. Fue algo impactante, lo levantó con una sola mano”, declaró un vecino que presenció el incidente.

Abogados penalistas consultados por LaVibrante.com advirtieron que los hechos podrían configurar delitos como lesiones personales agravadas, abuso de autoridad e incluso tentativa de homicidio. “Estamos ante una posible conducta dolosa cometida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, lo que agrava la situación legal del implicado”, explicó un experto en derecho administrativo.

Organizaciones sociales y comunitarias del norte de Barranquilla exigieron a la Procuraduría General y a la Fiscalía abrir una investigación inmediata. “No se puede permitir que un servidor público use la fuerza de manera arbitraria. Este tipo de comportamientos deterioran la confianza en las instituciones”, expresaron representantes de colectivos ciudadanos.

Por su parte, Gabriel Morillo anunció que interpondrá nuevas denuncias penales y disciplinarias contra el funcionario, asegurando que continuará su lucha “hasta que se haga justicia”.

El caso ha generado gran repercusión en la opinión pública y pone en entredicho los procedimientos de la SAE en los procesos de recuperación de bienes del Estado. Lo que debía ser una diligencia administrativa terminó convertido en un escándalo que reaviva el debate sobre los límites del poder y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ciudadanía.

Fuente: redprensa.com