El Tribunal Superior de Bogotá fijó para el próximo martes 21 de octubre, a las 8:00 de la mañana, la audiencia en la que dará a conocer la sentencia de segunda instancia dentro del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La diligencia, que se realizará de manera virtual, fue convocada por el magistrado ponente Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien pidió a las partes conectarse con anticipación para verificar los aspectos técnicos previos a la lectura de la decisión. En esta sesión se definirá si el Tribunal ratifica, modifica o revoca la condena impuesta en primera instancia al exmandatario.

El proceso ha sido uno de los más relevantes en la historia judicial reciente del país. En mayo de 2024, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, decisión que fue apelada por la defensa y por el Ministerio Público. En su fallo, la jueza consideró probada la participación del exmandatario en un entramado destinado a manipular testigos que lo beneficiaran judicialmente, aunque lo absolvió del delito de soborno simple.

El Tribunal Superior confirmó esta semana que la Sala Penal N°19, integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, además de Merchán Gutiérrez, ya concluyó la revisión de la apelación y aprobó el documento que contiene el fallo definitivo. Con ello, se suspendió el término de prescripción del proceso, que vencía el 16 de octubre.

En un comunicado, el Tribunal precisó que el fallo fue adoptado tras una revisión exhaustiva de los argumentos presentados por las partes. “La Sala aprobó la decisión que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y material del acusado y por el delegado del Ministerio Público”, señala el documento.

La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, insistió en que la condena de primera instancia fue el resultado de “apreciaciones sesgadas” y de errores de hecho y derecho que vulneraron la presunción de inocencia de su cliente. En su apelación, los abogados solicitaron al Tribunal revisar las pruebas técnicas y testimoniales que, según ellos, demostrarían que Uribe nunca ordenó presionar ni sobornar testigos.

Granados también aseguró que ni su equipo ni el exmandatario han recurrido a maniobras dilatorias para frenar el proceso. De hecho, el pasado 25 de agosto, Uribe envió una carta al magistrado Merchán en la que renunció voluntariamente a la prescripción del caso, reiterando su interés en que se profiera una decisión de fondo, “resultado de un análisis sereno y transparente”.

La magnitud del caso llevó a que el Consejo Superior de la Judicatura habilitara tres despachos transitorios dentro del Tribunal, con el propósito de que los magistrados encargados se dedicaran exclusivamente a la revisión del expediente de más de mil páginas.

Una vez se lea la decisión, las partes que no estén conformes podrán interponer el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que contará con un plazo de hasta cinco años para resolverlo.

Con esta audiencia, el proceso conocido como “el caso del siglo” entra en una nueva etapa decisiva que podría definir el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el primer exmandatario colombiano en enfrentar una condena penal durante la democracia contemporánea.