El nombramiento de Luis Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia y del Derecho enfrenta un fuerte revés jurídico, luego de que tres demandas fueran interpuestas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cuestionando la legalidad de su designación.

Los recursos fueron radicados por los ciudadanos Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Marco Adrián Artunduaga Gómez y Juan Manuel López Molina, quienes aseguran que el decreto 0647 del 13 de junio, mediante el cual se oficializó su nombramiento, vulnera la norma que obliga a garantizar la paridad de género en el gabinete ministerial. La Defensoría del Pueblo ya había advertido esta situación semanas atrás.

Los demandantes solicitaron la suspensión provisional de Montealegre mientras se estudia de fondo la legalidad del acto administrativo. Aunque en una de las demandas el Tribunal negó la medida cautelar, sí ordenó acumular los procesos para dar un trámite conjunto y remitió el caso al Consejo de Estado, que será la instancia encargada de resolver si procede o no apartar temporalmente al ministro de su cargo.

En el auto judicial se lee: “CONCEDER en el efecto devolutivo ante el Honorable Consejo de Estado, el recurso de apelación contra Auto del 23 de julio de 2025, únicamente en lo que tiene que ver con la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados (…) REMITIR al Honorable Consejo de Estado, previas las constancias del caso, para los fines del trámite y resolución del recurso de apelación”.

De confirmarse una eventual suspensión, se abriría un nuevo capítulo en el debate sobre el cumplimiento de la cuota de género en el alto gobierno y se pondría en entredicho la permanencia de Montealegre al frente de la cartera de Justicia, cargo que ocupa desde el pasado mes de junio.

Por ahora, el futuro del ministro depende de la decisión del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre si mantiene o no a Montealegre en funciones mientras se resuelve de fondo la controversia jurídica.