La posibilidad de que a un ciudadano colombiano le nieguen o cancelen la visa estadounidense genera inquietudes, especialmente entre quienes perciben ingresos bajos. El abogado Camilo Rincón Camacho, licenciado en Estados Unidos y Colombia y socio de la firma Rodríguez Rincón Ugeh & Associates, explicó en entrevista con Alerta Bogotá que este tipo de decisiones no dependen únicamente del salario, sino de un conjunto de factores que los cónsules evalúan caso por caso.

Rincón Camacho detalló que existen alrededor de 20 causales oficiales en el código migratorio de Estados Unidos que permiten negar o cancelar una visa. La más frecuente es la contenida en la sección 214 B, que aplica cuando el cónsul determina que el solicitante no tiene suficientes “arraigos” con su país de origen.

“El concepto de arraigo es amplio y contempla aspectos como la estabilidad económica, laboral, vínculos familiares, propiedades y responsabilidades financieras. Si el cónsul percibe que una persona no tiene un fuerte compromiso con su país, puede negar la visa”, explicó el abogado.

Sobre los ingresos, el experto aclaró que no existe un salario mínimo oficial definido por el gobierno estadounidense que garantice la aprobación de una visa. Sin embargo, reconoció que los ingresos bajos o la inestabilidad laboral son causales frecuentes de negación. “El cónsul analiza todo el panorama. Una persona con ingresos modestos no está automáticamente excluida, pero debe demostrar otros vínculos sólidos con su país”, puntualizó.

En cuanto a la preparación para la entrevista consular, Rincón Camacho recomendó a los solicitantes presentar pruebas claras de su arraigo, como contratos de trabajo, documentos de propiedad o certificaciones que respalden su situación familiar y financiera. Estos elementos ayudan a demostrar la intención de regresar tras el viaje a Estados Unidos, lo que constituye la base de la evaluación migratoria.

En conclusión, aunque percibir el salario mínimo no es por sí solo una razón para negar la visa, sí puede influir dentro de un análisis integral en el que se valoran la solvencia económica, los vínculos familiares, laborales y sociales. Cada caso es revisado individualmente por el consulado, lo que hace que la preparación y la solidez de la información presentada sean determinantes en el resultado del proceso.