La Procuraduría General de la Nación presentó ante el Congreso de la República el Séptimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz, un documento que evalúa los avances y dificultades en la implementación del pacto firmado hace casi nueve años. El informe incluyó un capítulo especial sobre la participación política de la oposición, donde se revelaron serias falencias en los esquemas de protección administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con el Ministerio Público, persisten vacíos estructurales en la información que maneja la UNP y la Fiscalía, la cual es fragmentada e incompleta y carece de variables fundamentales como la afiliación política, la pertenencia étnica o el tipo de medida adoptada. Esto impide una evaluación precisa de los riesgos a los que están expuestos los integrantes de la oposición y limita la capacidad institucional de anticiparse a situaciones de amenaza.

La Procuraduría también señaló que no se han registrado avances verificables en la puesta en marcha del Programa de Protección Integral (PPI) creado mediante el Decreto 638 de 2025 para garantizar la seguridad de quienes ejercen la política, incluida la oposición. Según el informe, la ausencia de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección con lineamientos operativos, indicadores claros y mecanismos diferenciados ha dejado sin herramientas efectivas a esta política pública.

El documento recoge además la voz de distintas organizaciones políticas consultadas, algunas de las cuales reportaron amenazas y dificultades para acceder o mantener esquemas de seguridad, mientras otras afirmaron no haber requerido medidas. En todos los casos, la Procuraduría concluyó que existe una débil capacidad de seguimiento interno para registrar riesgos y exigir protección, lo que mantiene espacios de vulnerabilidad para líderes opositores.

Uno de los hechos más graves consignados en el informe fue el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, que terminó cobrándole la vida dos meses después. “Este evento, de alto impacto político y simbólico, evidenció la fragilidad de los esquemas de protección incluso frente a líderes visibles en el escenario nacional”, indicó el organismo de control.

Por estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, para determinar responsabilidades en las deficiencias del esquema de seguridad. El Ministerio Público advirtió que fortalecer la protección a la oposición es clave para garantizar el pluralismo político y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.