La reforma a la salud del Gobierno Nacional entra a un momento decisivo en el Congreso de la República y las alertas sobre su impacto económico se intensifican. Un reciente análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advierte que, de aprobarse tal como está planteada, la iniciativa podría duplicar los aportes del Gobierno Central al sistema de salud en la próxima década y elevar significativamente el gasto público.

De acuerdo con el estudio, el nuevo modelo propuesto incrementaría el gasto en salud del 5,9 % del PIB en 2026 al 7,6 % en 2036, concentrando el 96 % de los recursos en atención primaria y servicios de alta complejidad. En cifras absolutas, los aportes de la Nación crecerían de $44 billones en 2026 a $96,2 billones en 2036, aumentando la dependencia fiscal del sistema del Gobierno Central, que pasaría del 38,6 % al 44,8 %.

ANIF advierte que las proyecciones oficiales del aval fiscal podrían estar subestimadas debido a riesgos como la caída del empleo formal, el menor recaudo de impuestos saludables por disminución en el consumo y las limitaciones derivadas de la reestructuración del Sistema General de Participaciones (SGP). En ese escenario, los gastos para atención primaria y servicios de alta complejidad podrían superar las estimaciones iniciales, demandando aún más recursos en un contexto fiscal restrictivo.

El documento también señala que, aunque la reforma contempla mecanismos para subsanar la situación financiera de las actuales EPS, los recursos previstos resultan insuficientes frente a la gravedad de su patrimonio. A julio de 2025, las EPS acumulaban un patrimonio negativo de $12,4 billones, sin contar con los registros de la Nueva EPS, que según la Contraloría presenta pasivos por $21,4 billones a marzo de este año, cifra que supera ampliamente los $6,7 billones descritos en el aval fiscal.

El análisis concluye que, aunque la reforma busca fortalecer la atención primaria y garantizar la cobertura, los riesgos fiscales podrían comprometer la sostenibilidad del sistema si no se establecen fuentes claras y estables de financiación. La advertencia de ANIF se convierte así en un llamado para que el Congreso evalúe con rigor las implicaciones económicas de la iniciativa antes de su aprobación definitiva.