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Air-e Intervenida detecta diez nuevos casos de hurto de energía en Atlántico y Magdalena con pérdidas superiores a 300 millones de pesos

La empresa Air-e Intervenida informó el hallazgo de diez nuevos casos de hurto de energía en los departamentos de Atlántico y Magdalena, hechos que comprometen la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico y que, según la compañía, generan pérdidas superiores a los 300 millones de pesos.

Las recientes acciones técnicas se desarrollaron en puntos estratégicos para detectar conexiones ilegales y manipulaciones de medidores. En el Atlántico, se encontró que una casa finca denominada Los Campanos, ubicada en la vía Santo Tomás kilómetro 10, tenía el servicio directo sin medidor conectado a un transformador de 50 KVA. Asimismo, un reconocido restaurante del barrio El Prado, en el norte de Barranquilla, presentaba una conexión directa sin medidor tomando energía de un transformador de 112 KVA.

En el centro de Barranquilla, la taberna-residencia El Dollar, en el barrio Rosario, registraba una irregularidad en el medidor. A su vez, en un establecimiento comercial del corregimiento La Playa, en el nororiente de la ciudad, se halló un servicio directo con medidor, y en una barbería del barrio Simón Bolívar se descubrió una conexión similar. En el barrio San Roque, un casino también operaba con servicio directo sin medidor.

En el Magdalena se identificaron casos en la Zona Bananera, sector Palomar Rural, donde una finca con cultivos de banano tenía tres líneas directas por fuera de la medida para evadir el pago real del consumo de energía. En Santa Marta, en el sector de Santa Clara, un colegio contaba con servicio directo con medidor quemado; en Los Lirios Totumos, un billar/discobar tenía un medidor con dos líneas directas por fuera de la medida, y en el sector de Jardín se descubrió un centro estético con la tapa principal del medidor manipulada.

Air-e Intervenida recordó que el hurto de energía está tipificado como defraudación de fluidos y que quienes se apropian ilegalmente del suministro pueden enfrentar hasta seis años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La empresa reiteró su compromiso con la legalidad y la calidad del servicio, e invitó a la ciudadanía a denunciar irregularidades para fortalecer el suministro eléctrico en la región.