El Caribe colombiano dio un paso decisivo hacia la consolidación de su autonomía regional con la radicación en el Congreso de la República de un proyecto de ley orgánica que busca convertir la actual Región Administrativa y de Planificación (RAP Caribe) en una Región Ente Territorial (RET Caribe). La iniciativa, presentada con mensaje de urgencia por el Ministerio del Interior, los gobernadores del Caribe, la bancada caribeña y la RAP Caribe, marca un hito en el proceso de descentralización del país.

El proyecto contempla la elección de un gobernador regional y representa la continuación de la Ley de Regiones (Ley 1962 de 2019), pero con un alcance mayor: permitirá a las regiones acceder de forma directa a los recursos de la Nación para ejecutar proyectos de alto impacto que beneficien a varios departamentos simultáneamente.

Según Jesús Pérez Benito-Revollo, gerente de la RAP Caribe, este avance es fruto de un trabajo técnico y participativo que involucró a gobernaciones, academia, sector productivo y sociedad civil. “El Caribe cumplió su tarea. Demostramos la viabilidad técnica y construimos una ruta responsable. Ahora, la decisión está en manos del Congreso y del Gobierno Nacional”, afirmó.

La RET Caribe, de aprobarse, definirá competencias que no reemplazarán a departamentos ni municipios, sino que los articularán para lograr mayor coordinación y eficiencia en la gestión pública. El proyecto prevé la planificación e inversión en áreas estratégicas como infraestructura, conectividad logística y energética, gestión del agua, cambio climático, educación y salud.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Regional Administrativo y de Planificación, destacó que esta propuesta constituye un paso histórico para la modernización del Estado. “Con el liderazgo del Gobierno Nacional, la RET Caribe será una herramienta para hacer que las cosas pasen con mejores resultados para la gente”, señaló.

Entre los beneficios esperados de la RET Caribe se encuentran la superación de brechas históricas en la región, la coordinación de programas dispersos para generar ahorros y mayores impactos, la atracción de inversiones, el impulso a encadenamientos productivos con enfoque en innovación y sostenibilidad, y el fortalecimiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas a nivel regional.

El proyecto de ley cumple con los criterios de autonomía establecidos en los artículos 306 y 307 de la Constitución Política y busca acelerar la descentralización sin comprometer la unidad nacional. De aprobarse, acercará el Estado a los ciudadanos y permitirá responder con mayor eficacia a los retos económicos, sociales y ambientales del Caribe colombiano.