La administración del presidente Gustavo Petro avanza en su último año de mandato en medio de un panorama marcado por la polarización política, la fragmentación institucional y tensiones con sectores clave del país. Un análisis publicado por la firma consultora Control Risks evalúa el cierre del actual gobierno y las condiciones que heredará quien asuma la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

El informe sostiene que, aunque Petro ha cuestionado reiteradamente a las instituciones, no existe una amenaza inminente a la democracia, debido a la solidez de los pesos y contrapesos representados en las altas cortes, organismos de control y autoridades electorales. Sin embargo, las tensiones entre las demandas de transformación y los referentes de estabilidad persistirán durante la transición de poder.

En materia de seguridad, el reporte advierte un entorno cada vez más complejo y fragmentado, con múltiples actores ilegales y economías ilícitas en expansión. Según Control Risks, el próximo gobierno recibirá una fuerza pública con capacidades operativas debilitadas y una doctrina que requiere modernización. Aunque Petro anunció recientemente la compra de armamento y tecnología para las Fuerzas Armadas, los expertos subrayan que el desafío exige una estrategia integral y sostenida para enfrentar grupos armados y crimen organizado.

La relación con Estados Unidos también se perfila como uno de los puntos más sensibles para el próximo gobierno. El estudio califica de volátil y tensa la dinámica bilateral de los últimos meses y prevé que las fricciones continuarán incluso después del mandato de Petro. La presidencia de Donald Trump en EE.UU. abre la puerta a un enfoque más agresivo contra el narcotráfico, con eventuales sanciones financieras, designaciones de organizaciones terroristas y alertas de seguridad para viajeros hacia Colombia, factores que podrían afectar el comercio y la cooperación bilateral.

En el frente económico, Control Risks señala un deterioro de los indicadores fiscales y una pérdida de confianza de los mercados, situación que comenzó con la pandemia y se agravó con decisiones del actual gobierno. El próximo presidente deberá enfrentar un espacio fiscal muy limitado y, probablemente, impulsar una reforma tributaria estructural para estabilizar las finanzas públicas.

El análisis también advierte que Colombia podría enfrentar un déficit estructural de energía antes de 2027 con graves impactos para la industria. Aunque se registran avances en proyectos solares y eólicos, persisten barreras estructurales como trámites engorrosos, licencias ambientales demoradas, conflictos sociales y problemas de orden público que afectan la infraestructura de transmisión y distribución. Para las empresas, esto significa mayores costos operativos, pero también oportunidades para innovar en su abastecimiento energético y diversificar fuentes.

En conclusión, la firma consultora enfatiza que, más allá del resultado electoral de 2026, el próximo gobierno deberá lidiar con retos profundos en gobernabilidad, seguridad y sostenibilidad fiscal. Para el sector privado, la incertidumbre en reformas, la presión regulatoria en Estados Unidos y el riesgo de seguridad en regiones con presencia de grupos armados marcarán el rumbo de las operaciones. “Las implicaciones serán profundas tanto para el país como para las empresas. Colombia deberá encontrar consensos para responder a la inseguridad y a las tensiones económicas”, concluye el análisis.