La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico decidió abrir una indagación previa contra servidores de la Gobernación del Atlántico, con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en el nombramiento de Leyton Daniel Barrios Torres como secretario de Educación del departamento.

La decisión, fechada el 25 de agosto de 2025, surge a raíz de una queja interpuesta por José Raúl Rodríguez Jiménez, quien asegura que Barrios Torres estaba inhabilitado para ejercer el cargo debido a su condición de exconcejal de Barranquilla durante el periodo 2020-2023, lo cual podría contravenir las normas vigentes.

El auto firmado por el Ministerio Público ordena la práctica de varias diligencias para avanzar en el proceso de esclarecimiento, entre ellas:

Solicitar a la Gobernación del Atlántico la certificación completa de la vinculación de Barrios Torres, con información sobre su dirección, número telefónico, tipo de vinculación, acta de posesión, fecha de ingreso, permanencia, copia del manual de funciones y constancias sobre antecedentes laborales y disciplinarios.

Requerir detalles del servidor encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el acceso al cargo de secretario de Educación, incluyendo sus datos de identificación y funciones.

Un informe pormenorizado sobre el proceso de nombramiento, precisando si se realizó un estudio de inhabilidades e incompatibilidades, y si existían denuncias previas relacionadas con este caso.

De acuerdo con el documento, la Procuraduría enfatizó que esta actuación hace parte de la etapa preliminar del Código General Disciplinario, cuyo propósito es identificar e individualizar a los posibles responsables, así como determinar si los hechos denunciados tienen mérito para abrir una investigación formal.

El organismo de control aclaró que esta decisión no constituye aún una sanción ni una investigación disciplinaria definitiva, sino un paso previo dentro del procedimiento. Asimismo, precisó que contra esta determinación no procede ningún recurso legal.

El caso cobra relevancia en el escenario político del Atlántico, pues se trata de un alto cargo dentro del gabinete departamental. La indagación busca establecer si existieron irregularidades en el proceso de nombramiento y si hubo fallas en la verificación de los requisitos exigidos por la ley.