Una operación de la Dijín logró desarticular una red de corrupción que operaba desde el sistema judicial en el Atlántico y que habría defraudado al Estado por más de 2.000 millones de pesos mediante el cobro irregular de títulos judiciales. En el procedimiento fueron capturadas seis personas, entre ellas un juez y un funcionario de la Procuraduría, señalados de participar en el millonario entramado.

De acuerdo con la investigación, la organización delictiva funcionó entre 2016 y 2022, autorizando pagos fraudulentos de títulos judiciales a terceros que no tenían derecho a recibirlos. La modalidad consistía en reactivar procesos inactivos o con títulos que no habían sido reclamados, para luego autorizar desembolsos a personas sin legitimidad en los procesos.

Los hallazgos señalan que un juez y el entonces secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla autorizaron más de 2.500 títulos a nombre de dos abogados y dos particulares, entre ellos un familiar directo del exsecretario judicial, quien figura como uno de los principales beneficiarios de los pagos fraudulentos.

“Este esquema consistía en ordenar el pago de títulos judiciales en procesos que permanecían inactivos o sin reclamación, beneficiando a particulares y profesionales del derecho sin poder legítimo para actuar”, explicó una fuente vinculada al caso.

Los análisis periciales practicados confirmaron que las firmas y huellas dactilares que validaban los pagos correspondían a los funcionarios judiciales involucrados, lo que permitió a los investigadores establecer la responsabilidad de los capturados en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

El caso ha generado gran indignación en la región, pues evidencia cómo desde la misma administración de justicia se tejió un mecanismo que permitió el desvío de recursos públicos durante más de cinco años, poniendo en entredicho la transparencia del sistema judicial en el Atlántico.

Las autoridades continúan las indagaciones para determinar si más funcionarios o particulares participaron en la red y para recuperar los recursos desviados, mientras los capturados enfrentan su proceso judicial bajo medida de aseguramiento.