El Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras estudiar una acción de tutela que solicitaba la protección de su derecho fundamental a la libertad individual. La decisión suspende los efectos de la condena a 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto la juez Sandra Heredia el pasado 1° de agosto, mientras se resuelve la apelación presentada por la defensa del exmandatario.

El fallo, de 38 páginas, fue emitido por la Sala conformada por los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero Baquero, quienes concluyeron que la medida de detención inmediata dictada en primera instancia no se ajustó a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Los magistrados consideraron que la juez Heredia utilizó argumentos “vagos e imprecisos”, entre ellos la percepción ciudadana, la convivencia pacífica y el efecto ejemplarizante de la pena, sin demostrar de manera concreta un riesgo procesal que justificara la restricción de la libertad. “No es jurídicamente válido que la libertad de un ciudadano se limite con base en criterios simbólicos o subjetivos, pues el derecho penal no opera en abstracto sino en casos concretos”, precisó la decisión.

El Tribunal cuestionó también que la jueza tomara como fundamento el reconocimiento público de Uribe para calificar su peligrosidad. Según la Sala, en derecho solo se responde por los actos y omisiones imputados, no por la relevancia política, ideológica o social del procesado.

Otro de los argumentos centrales fue la inexistencia de riesgo de fuga. El fallo resaltó que, pese a sus ocupaciones internacionales, Uribe siempre notificó sus salidas del país y regresó en los plazos estipulados. “No existen indicios objetivos de evasión ni trámites de asilo o refugio. En un Estado de Derecho, las medidas de aseguramiento deben estar basadas en riesgos ciertos y verificables, no en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado”, enfatizó la Sala.

Adicionalmente, el Tribunal desestimó la tesis de “estrategias dilatorias” que había esgrimido la jueza Heredia, señalando que varias de las actuaciones de la defensa prosperaron en instancias superiores, lo cual demuestra que tenían sustento jurídico.

El expresidente Álvaro Uribe fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en un proceso que se remonta a 2020, relacionado con la presunta manipulación de testigos en casos que vinculaban a exparamilitares. La condena dictada por la juez 44 de conocimiento estableció 12 años de prisión domiciliaria.

Sin embargo, el Tribunal Superior determinó que imponer la medida de detención de manera inmediata desconoció la presunción de inocencia, ya que la sentencia aún no ha quedado en firme y se encuentra en trámite de apelación.

La libertad de Álvaro Uribe tiene un impacto político de gran magnitud. Por un lado, el expresidente, máximo líder del partido Centro Democrático, recupera su capacidad de actuar libremente en la esfera pública justo en medio de la coyuntura electoral de 2026, donde su respaldo puede resultar determinante para la derecha colombiana.

Sectores afines al uribismo celebraron la decisión como una victoria jurídica que refuerza la narrativa de persecución política en su contra. Desde esta perspectiva, el fallo del Tribunal es interpretado como un reconocimiento a que el proceso en primera instancia estuvo marcado por arbitrariedades.

Por otro lado, críticos de Uribe consideran que la tutela otorgada representa un revés para la lucha contra la impunidad y advierten que el exmandatario, pese a estar en libertad, sigue enfrentando una condena vigente a la espera de la apelación. Algunos sectores de oposición señalan que la decisión podría erosionar la confianza ciudadana en la independencia judicial, dado el peso político que conserva Uribe en el país.

La decisión del Tribunal también alimenta el debate sobre el papel del sistema judicial frente a figuras públicas de alto perfil. Mientras algunos sectores sostienen que el fallo ratifica la vigencia del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, otros cuestionan si la influencia política del expresidente pudo haber incidido en la concesión de la tutela.

El caso ahora queda en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver en segunda instancia la apelación de la condena emitida por la juez Sandra Heredia. Solo entonces se definirá en firme la situación jurídica de Uribe.

En el corto plazo, la libertad del expresidente le permitirá reincorporarse a la vida política activa, participar en escenarios públicos y acompañar a su partido en las estrategias de cara a las elecciones. Sin embargo, el futuro de su proceso judicial continúa abierto y su desenlace será determinante para el clima político y jurídico del país en los próximos meses.