Estados Unidos implementará un nuevo proyecto piloto que obligará a ciertos solicitantes de visa de turismo y negocios a pagar una fianza de hasta 15.000 dólares como garantía de retorno a sus países de origen. La medida, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, entrará en vigencia a partir del 20 de agosto de 2025 y tendrá una duración inicial de 12 meses.

El programa se aplicará a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular, comenzando con Malaui y Zambia. Según el Departamento de Estado, durante 2023 el 14 % de los visitantes procedentes de Malaui y el 11 % de los de Zambia excedieron el tiempo de estadía autorizado en territorio estadounidense. La fianza busca reducir estos porcentajes y asegurar que los viajeros cumplan con las condiciones establecidas en sus visas.

El depósito será exigido a quienes soliciten visas tipo B1 (negocios) y B2 (turismo), y solo será reembolsado si el titular abandona el país en el plazo estipulado. Esta política se suma al incremento en los costos de visado, aprobado también bajo la administración Trump, el cual adiciona un cargo de 250 dólares conocido como la “tarifa de integridad de visa” a ciudadanos de países fuera del Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program).

Entre los países exentos de esta medida y de la nueva tarifa se encuentran Australia, Japón, Italia, Bélgica, Croacia y Eslovenia, los cuales forman parte del mencionado programa. Por el contrario, la mayoría de países de América Latina, África, Asia y Medio Oriente, incluyendo Colombia, México y Brasil, podrían verse afectados en futuras fases si el piloto se amplía.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, afirmó que la medida responde a un esfuerzo por garantizar la integridad del sistema migratorio estadounidense, tras detectar que más de 500.000 personas excedieron la estadía de sus visas en 2023. Aunque esto representa apenas el 1,45 % del total de visitantes no inmigrantes, el gobierno considera que medidas preventivas como esta podrían mejorar la supervisión y reducir riesgos de inmigración ilegal.

Esta política refuerza la línea dura del presidente Trump frente al fenómeno migratorio. Desde su regreso al poder en enero, ha retomado decisiones drásticas como el veto a ciudadanos de 19 países, restricciones a estudiantes extranjeros, y el endurecimiento de requisitos para ingresar al país. La comunidad internacional observa con atención este piloto, que podría sentar precedente para nuevos criterios migratorios en otras regiones.