Crece la controversia nacional por la expedición del Decreto 0858, mediante el cual el Gobierno Nacional busca implementar un nuevo modelo de salud sin aprobación del Congreso. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Cámara Colombo Americana alzaron su voz de alerta, advirtiendo que esta medida podría ser inconstitucional, generar desorden en la atención médica y afectar gravemente la estabilidad del sistema.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue enfático en su rechazo al camino adoptado por el Ejecutivo, al señalar que “el Gobierno decidió imponer su idea de sistema de salud, muy probablemente en forma ilegal e inconstitucional, mediante un decreto que reglamenta lo que debió tramitarse por ley e incluso podría requerir una ley estatutaria”. Según Mac Master, esta decisión no solo desconoce el proceso legislativo, sino que pone en riesgo la continuidad del servicio para millones de colombianos.

Entre los principales cuestionamientos está la falta de claridad sobre cómo se financiará el nuevo modelo y cómo funcionarán las rutas de atención para los pacientes. “Hoy en día, ni los usuarios saben qué pasos deben seguir para recibir atención, ni el Gobierno ha definido cómo se van a costear los nuevos servicios. Es una improvisación de gran escala”, señaló el dirigente gremial.

También expresó preocupación por el impacto que el decreto puede tener en el personal de salud. “No hay ninguna consideración con los trabajadores del sector. Hay miles de médicos, enfermeras y empleados administrativos que están en riesgo de perder su empleo o de quedar atrapados en la incertidumbre operativa”, añadió.

La Andi advirtió que cerca de un millón de trabajadores y más de 12.000 entidades prestadoras de salud, entre públicas y privadas, se encuentran hoy en estado de alerta debido a la incertidumbre generada por lo que calificó como una acción “autoritaria y arbitraria” del Gobierno.

A estas críticas se sumó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, quien alertó que el Decreto 0858 “modifica de forma sustancial el sistema de salud sin haber pasado por el Congreso y sin escuchar a la ciudadanía”. Lacouture señaló que esta decisión ignora lo establecido por la Ley Estatutaria de Salud y afecta directamente la autonomía de clínicas y hospitales, así como el derecho de los pacientes a elegir libremente a sus prestadores.

“La salud sí necesita una reforma estructural, pero debe hacerse dentro del marco de la legalidad, con participación ciudadana y con un enfoque claro hacia el bienestar de los pacientes, no desde la imposición ni la improvisación”, afirmó.

Ambos gremios hicieron un llamado a la institucionalidad para que se respeten los canales democráticos y se priorice una discusión seria, técnica y participativa. Mientras tanto, crece la presión sobre los órganos de control y la rama judicial, que podrían recibir demandas en los próximos días por la presunta inconstitucionalidad del decreto. El debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano, lejos de cerrarse, apenas comienza.