El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno Nacional destinará $1 billón adicional para potenciar el desarrollo de comunidades energéticas en todo el país, como parte de una estrategia que busca democratizar el acceso a la energía, reducir tarifas y consolidar la transición energética en Colombia.

Durante una intervención pública, Palma destacó que este programa no solo busca generar energía limpia, sino también empoderar a las comunidades como actores clave en la gestión y producción de su propio suministro energético. “Nuestro legado será el marco jurídico, político, social y regulatorio para poner en un punto de no retorno la transición energética. Colombia tiene un enorme potencial en fuentes limpias como el sol, el viento y el hidrógeno, y estamos creando las condiciones para aprovecharlo”, señaló el ministro.

El anuncio se dio en el marco del avance de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, iniciativa con la que se espera beneficiar a familias de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y a usuarios de zonas no interconectadas (ZNI), históricamente excluidas del servicio confiable de energía.

Palma reveló que la Unión Europea ha expresado su intención de invertir más de 50 billones de euros en Colombia: 20 billones en proyectos solares y eólicos, y 30 billones adicionales en hidrógeno verde, lo que posiciona al país como uno de los principales destinos para el desarrollo energético sostenible en América Latina.

Convocatoria pública para estructuración de soluciones energéticas

Dentro de esta estrategia, el Ministerio abrió una convocatoria para estructurar, implementar y operar soluciones tecnológicas que permitan conformar comunidades energéticas sostenibles. El plazo para recibir observaciones sobre el proyecto de resolución cerró el pasado 2 de julio, y las propuestas están siendo analizadas por la dependencia encargada.

Esta convocatoria incluye una memoria justificativa y el soporte técnico del Convenio Interadministrativo 2025 entre el Ministerio de Minas y Energía y los operadores de red, con base en el marco normativo que contempla la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1081 de 2015 (modificado por el Decreto 1273 de 2020), y las resoluciones 40310 y 41304 de 2017.

El proceso pretende garantizar la participación de organizaciones sociales, operadores, entidades territoriales y empresas del sector energético, promoviendo alianzas para llevar energía limpia a zonas vulnerables y consolidar un nuevo modelo de desarrollo energético incluyente.

Con esta inversión y el impulso normativo, el Gobierno busca dejar como legado una política pública robusta que permita avanzar en la justicia energética, la descentralización del servicio y la sostenibilidad ambiental en todo el territorio nacional.