Un nuevo capítulo de justicia económica se escribe en la región Caribe, luego de que la Corte Constitucional tumbara el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, que habilitaba el cobro de valorización en la Vía al Mar, infraestructura que conecta los departamentos del Atlántico y Bolívar.

Con esta decisión, el alto tribunal declara inexequible la norma que establecía el controvertido cobro, el cual recaía principalmente sobre las viviendas ubicadas en los estratos 1, 2 y 3, generando una carga económica que líderes regionales calificaron desde un inicio como injusta, regresiva y alejada del principio de equidad tributaria.

La sentencia de la Corte pone fin de forma inmediata a cualquier intento de cobro por este concepto y deja sin efecto retroactivo las pretensiones de recaudo asociadas. Miles de hogares que veían con preocupación este posible golpe a sus finanzas reciben ahora un respiro económico, especialmente en medio de un panorama nacional en el que los costos de vida continúan siendo motivo de atención.

El pronunciamiento fue celebrado por congresistas del Caribe, organizaciones sociales, líderes gremiales y ciudadanos que impulsaron el debate desde el territorio. La presión ciudadana y política tuvo eco en el análisis constitucional que finalmente dio la razón a quienes argumentaban que no hubo una debida participación ciudadana ni una evaluación real del impacto social del cobro.

“Este es un triunfo de la ciudadanía organizada. No era justo que se intentara financiar obras a costa del bolsillo de las familias más vulnerables, sin transparencia ni mecanismos de consulta”, expresó uno de los voceros del Comité No al Cobro por Valorización.

Ahora el Gobierno Nacional deberá replantear las fuentes de financiación para las obras proyectadas en la Vía al Mar, sin recurrir a mecanismos que comprometan la estabilidad económica de las comunidades costeras. Expertos en derecho público advierten que el Ejecutivo deberá encontrar alternativas concertadas y sostenibles, alineadas con los principios constitucionales.

Se espera que en los próximos días la Corte Constitucional publique el texto completo de su decisión, lo que permitirá conocer en detalle los argumentos jurídicos que sustentan este fallo considerado histórico para la región Caribe.