En medio de la polémica que ha generado el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre convocar una Consulta Popular por decreto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las críticas para asegurar que dicha decisión no representa un golpe de Estado, sino una herramienta legítima contemplada en la Constitución.

“Quienes hablan de golpe de Estado están haciendo un show barato y absurdo. Aquí no se ha desplegado la Fuerza Pública, no hay censura ni detenciones arbitrarias. Lo que hay es un acto administrativo legítimo, amparado por la ley”, afirmó Benedetti en declaraciones entregadas este martes.

La consulta fue anunciada por el presidente Petro tras el archivo de la reforma laboral en el Senado, una derrota legislativa que el mandatario calificó como una acción irregular. Según el Ejecutivo, la sesión estuvo plagada de errores de procedimiento que afectan la validez de la votación.

Entre los vicios señalados por el gobierno se incluyen el cierre abrupto del registro de participación, votos emitidos fuera de tiempo, el rechazo a proposiciones sin lectura ni debate y la negación del derecho a apelar por parte de algunos congresistas. “Todo eso es contrario al espíritu democrático y viola la Constitución. Por eso consideramos que no hay un pronunciamiento válido del Senado”, explicó el ministro del Interior.

Benedetti precisó que el decreto de convocatoria será enviado a la Corte Constitucional, encargada de revisar su legalidad, y aclaró que el Ejecutivo no se está arrogando facultades judiciales: “La Corte es quien decide. Si la Corte considera que el decreto no tiene sustento jurídico, lo acataremos sin ninguna objeción”.

El ministro también enfatizó que el objetivo del gobierno es dar voz al pueblo sobre temas claves de su agenda, como el modelo laboral que ha sido bloqueado en el Congreso. “Queremos que sea la gente la que decida. Si dudan que la mayoría apoya esta consulta, déjenlos votar”, sentenció.

Mientras sectores de la oposición califican el anuncio como una amenaza al orden institucional, desde el gobierno insisten en que se trata de un ejercicio democrático enmarcado en las competencias del presidente. La Corte Constitucional será ahora el escenario decisivo para definir si la consulta puede seguir adelante o no.