En un esfuerzo por destrabar el desarrollo de proyectos de energía limpia en las regiones y acelerar la transición energética justa, el Gobierno nacional anunció que está evaluando la exoneración de licencias ambientales para iniciativas de generación de energía renovable de hasta 100 megavatios (mw). Esta medida buscaría facilitar la entrada de al menos un centenar de proyectos que actualmente se encuentran detenidos por trámites en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Así lo reveló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante su intervención en el 8º Encuentro y Feria Renovables Latam, realizado en Barranquilla. Según el jefe de la cartera, el 52 % de los proyectos de energías limpias en Colombia están frenados debido a retrasos en procesos administrativos de las CAR.

“Hemos multiplicado por diez la capacidad de energía renovable desde que comenzó este Gobierno, pero nos encontramos con trabas internas que impiden que esa energía llegue al sistema nacional. Por eso, el presidente Gustavo Petro nos pidió conformar el equipo 6G + Plus, con el objetivo de identificar los cuellos de botella en licenciamiento ambiental y regulación”, explicó Palma.

El ministro propuso dos caminos para resolver la situación: uno, que la Procuraduría investigue posibles hechos de corrupción en algunas corporaciones autónomas, y el otro, que el Gobierno les brinde recursos técnicos y financieros para destrabar los procesos administrativos.

Paralelamente, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), adelanta un plan de choque para liberar puntos de conexión eléctrica y facilitar el avance de nuevos proyectos. “Estamos evaluando la posibilidad de devolver garantías y lanzar una ‘liberatón’ de puntos de conexión. Esperamos entregar esta semana un balance sobre el estado de cada proyecto y el plan de choque para reactivarlos”, indicó.

Palma también hizo un llamado a conformar una gran mesa nacional de expertos del sector energético, que contribuya a crear propuestas enfocadas en mejorar la calidad del servicio y reducir las tarifas de energía para los usuarios, uno de los temas más sensibles en la agenda pública actual.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca alinear esfuerzos interinstitucionales para superar las barreras burocráticas que han frenado la inversión en energía limpia, fortalecer la capacidad energética del país y garantizar una transición sostenible, eficiente y con impacto directo en el bienestar de las comunidades.