A pesar del anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sobre el pago total de subsidios pendientes a las empresas de energía y gas, los gremios del Caribe aseguran que la crisis energética en Atlántico, Magdalena y La Guajira persiste. Según estas organizaciones, el desembolso de $231 mil millones a Air-e Intervenida resulta insuficiente para enfrentar la grave situación financiera de la empresa, y el riesgo de apagón en la región sigue latente.

La advertencia fue emitida de forma conjunta por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, así como por la seccional Atlántico-Magdalena de la ANDI. Las organizaciones señalaron que el monto entregado representa menos del 20% de las obligaciones acumuladas por Air-e Intervenida con las generadoras de energía, que ascienden a $1,2 billones.

“El mayor problema que incide en el riesgo de apagón es la demora del Gobierno nacional en transferirle a Air-e Intervenida recursos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, para que esta empresa pueda pagar sus deudas con las generadoras”, indicaron los gremios en un comunicado.

De acuerdo con el informe gremial, desde la intervención de la empresa en septiembre de 2024, la deuda con generadoras se ha más que duplicado. En ese momento, Air-e debía $940 mil millones, y para marzo de 2025 esa cifra ya se elevaba a $2,1 billones. Los empresarios aseguran que este deterioro es resultado directo de una intervención sin medidas estructurales claras ni asignación prioritaria de recursos.

La crítica al Gobierno también se extendió a posibles nuevas intervenciones en el mercado energético. Los gremios expresaron su rechazo a cualquier intento de intervenir agentes del sistema sin una justificación técnica ni un plan estructurado. “Intervenir empresas sin una hoja de ruta sólida solo agrava los problemas. La situación de Air-e hoy es más crítica que antes de la intervención”, afirmaron.

La preocupación del sector privado se centra en los efectos que este tipo de decisiones puede tener sobre la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y la confianza de los inversionistas. Para los gremios del Caribe, la solución pasa por acciones más integrales y responsables que garanticen sostenibilidad financiera, suministro continuo y credibilidad ante el sector empresarial.

Mientras tanto, las regiones afectadas continúan a la expectativa de medidas eficaces que eviten interrupciones en el servicio y permitan superar una crisis que ya golpea tanto a hogares como a sectores productivos en una de las zonas más dinámicas del país.