Las recientes declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, han generado inquietud en el sector empresarial colombiano, al convertir una conversación sobre concertación laboral en un escenario de ataques ideológicos y descalificaciones personales.

En una entrevista concedida por Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, al diario El Tiempo, el líder gremial expresó la disposición de los empresarios a realizar un esfuerzo para asumir ajustes como el pago de recargos nocturnos y dominicales, en el marco de la nueva reforma laboral que impulsa el Gobierno. Su frase, “Es el momento de que los empresarios hagamos un esfuerzo”, fue rápidamente descalificada por Palma, quien acusó al dirigente de ofrecer solo una “cortina de humo”.

Sin embargo, sectores empresariales señalan que este tipo de reacciones demuestran una falta de disposición al diálogo técnico por parte del Gobierno. En lugar de valorar la apertura mostrada por la ANDI, el ministro desvió el debate hacia temas ideológicos, acusando al empresariado de minimizar los derechos laborales, cuando en realidad muchos de estos gremios han sido activos firmantes de convenios internacionales y han promovido el diálogo social.

Palma, exdirigente sindical, ha centrado su discurso en una visión maximalista de los derechos colectivos, que si bien es legítima, no contempla los desafíos estructurales del mercado laboral colombiano, como la informalidad, la baja productividad y la necesidad de atraer inversión.

Para los gremios, reducir el debate a posturas intransigentes, donde se tacha de “innegociable” cualquier propuesta que busque balancear derechos laborales con sostenibilidad empresarial, es un riesgo para la estabilidad del país. El empresariado insiste en la importancia de una reforma laboral realista, que no sacrifique la generación de empleo ni ahuyente la inversión formal.

mientras critica a la ANDI por no presentar propuestas concretas, el propio Gobierno ha sido ambiguo sobre cómo se combatirá la informalidad, cómo se financiarán los mayores costos laborales que implicaría la reforma, y qué medidas se tomarán para proteger a las pequeñas y medianas empresas que representan la mayoría del empleo formal. La ausencia de cifras, metas cuantificables y evaluaciones de impacto económico han sido señaladas como una gran debilidad en la propuesta gubernamental.

La controversia evidencia una profunda divergencia sobre el futuro del trabajo en Colombia. De un lado, un Gobierno que apuesta por un modelo idealista, cargado de reivindicaciones legítimas pero difíciles de aplicar de forma inmediata. Del otro, un empresariado que con sus aciertos y errores pide ser escuchado, y no demonizado. La verdadera reforma laboral debe surgir del equilibrio entre proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la viabilidad de las empresas. Sin diálogo técnico y sin reconocer los límites del contexto económico nacional, el riesgo es que terminemos con una reforma que suene bien en el papel, pero que fracase en la práctica.