La Presidencia de la República solicitó formalmente al Consejo de Estado anular el fallo que prohíbe la emisión de los consejos de ministros a través de canales de televisión privados, regionales y locales. Según el Gobierno, esta decisión vulneró el derecho al debido proceso del presidente Gustavo Petro, al no permitirle participar activamente en el trámite de la tutela desde el inicio.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia, mediante un documento de 16 páginas firmado por el secretario jurídico encargado, Sneither Efraín Cifuentes, argumenta que el alto tribunal incurrió en un “defecto procesal”, ya que al admitir la tutela no vinculó al presidente Petro de manera directa, pero sí le impuso órdenes específicas, como evitar nuevamente el uso de canales no institucionales para difundir estas reuniones.

“No se tomó ninguna acción durante el trámite de primera instancia para garantizar su comparecencia y permitirle ejercer su derecho de contradicción”, reza el documento oficial.

¿Error de forma o censura?

Desde la Casa de Nariño aseguran que la omisión de vincular al mandatario a este proceso judicial representó una grave violación a su derecho a la defensa y al principio del debido proceso, destacando que “Presidencia” y “Presidente” no son figuras intercambiables desde el punto de vista jurídico.

La Presidencia considera que se trata de una medida que, además de ser irregular, puede interpretarse como una forma de censura.

“Se incurre en un acto de censura al restringir el acceso de la ciudadanía a información de alto interés nacional, como lo son los temas tratados en los consejos de ministros”, se señala en la solicitud de nulidad.

Lo que pide el Gobierno

El Ejecutivo solicitó al Consejo de Estado retrotraer el proceso hasta su etapa inicial y garantizarle al presidente Gustavo Petro la posibilidad de intervenir y controvertir los argumentos que dieron pie a la sentencia original.

Con esta solicitud, el Gobierno busca restablecer la posibilidad de utilizar diferentes canales de televisión, más allá de los institucionales, para transmitir las reuniones de gabinete, amparándose en el principio de acceso a la información pública.