Un nuevo proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda ha encendido las alarmas entre gremios empresariales, analistas económicos y miembros del Congreso, al contemplar un aumento en las tarifas de autorretención en la fuente y su aplicación a nuevos sectores económicos que hasta ahora no estaban obligados a este pago anticipado del impuesto de renta.

¿En qué consiste la propuesta?

La medida busca mejorar el recaudo fiscal de este año en medio de una creciente preocupación por el déficit del Gobierno Nacional, que actualmente supera el 6,8 % del Producto Interno Bruto (PIB). La idea es reforzar el flujo de caja del Estado con un cobro anticipado del impuesto sobre la renta, una estrategia que ya se utilizó en 2023 y que, aunque elevó el recaudo ese año a $279,3 billones, también provocó una fuerte caída en 2024, cuando la cifra cayó a $267,2 billones.

Ahora, el Gobierno busca repetir la fórmula, ampliando la base de contribuyentes y aumentando las tarifas de retención para sectores específicos como:

• Extracción de minerales como oro, gas natural y carbón: 4,5 %

• Generación y comercialización de energía eléctrica: 4,5 %

• Comercio al por mayor de ropa: 1,2 %

• Compra de café pergamino o cereza: 0,5 %

• Adquisición de bienes raíces por personas jurídicas: entre 1 % y 2,5 %

También se aplicarían retenciones por pagos de servicios superiores a dos UVT (Unidad de Valor Tributario), afectando directamente a pequeños comerciantes, profesionales independientes y emprendedores.

¿Una estrategia riesgosa?

La propuesta no ha tardado en generar polémica. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, alertó que este tipo de medidas pueden tener un impacto negativo tanto en la liquidez empresarial como en la caja del Gobierno para el año 2026, ya que muchas compañías quedarían con saldos a favor, obligando a la DIAN a realizar costosos procesos de devolución de dinero.

“Esto terminará afectando al próximo gobierno. Es una medida insostenible que pone en riesgo la estabilidad fiscal futura y asfixia a las empresas hoy”, aseguró Mac Master.

De igual forma, José Ignacio López, presidente de ANIF, advirtió que en el actual contexto de altas tasas de interés, esta presión sobre el flujo de caja empresarial podría generar “graves problemas de liquidez”, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan desafíos estructurales.

Golpe también al ciudadano común

No solo los grandes empresarios están en la mira. El exfuncionario de la DIAN, Christian Junot Quiñones, advirtió que esta política también golpearía a trabajadores independientes y comerciantes, quienes verán afectada su capacidad de maniobra económica mensual. “El Gobierno insiste en repetir errores de planeación tributaria del pasado sin considerar sus efectos en el tejido productivo nacional”, sentenció.

¿Solución o bomba de tiempo?

Aunque el Gobierno considera esta medida como una salida “rápida” para mitigar el desbalance fiscal, expertos coinciden en que se trata de una estrategia que patea el problema hacia el futuro, ya que el recaudo artificialmente elevado de este año podría provocar una nueva caída en 2026, año electoral y de transición de gobierno.

Además, el proyecto ha despertado sospechas en sectores políticos, quienes lo han calificado como una movida “electorera” que busca garantizar recursos frescos al Gobierno actual, sin medir las consecuencias económicas y fiscales a mediano plazo.

¿Qué viene ahora?

El proyecto de decreto se encuentra en etapa de recepción de comentarios, y podría ser aprobado a finales de abril. Si se oficializa, se aplicaría inmediatamente a miles de contribuyentes, lo que ha generado presión desde diferentes sectores para que se abra una discusión amplia, tanto técnica como política, en el Congreso de la República.