La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente ante la crítica situación de orden público que se vive en el departamento del Caquetá, luego de que se conociera un audio del grupo armado ilegal Frente Carolina Ramírez, al mando del cabecilla alias ‘Iván Mordisco’, anunciando un paro armado que afecta gravemente la movilidad en varios municipios de la región.

La amenaza, impuesta por las disidencias de las FARC, busca restringir el tránsito por los ríos Caguán y Caquetá, afectando de forma directa a poblaciones como Solano, Puerto Rico, La Montañita y Cartagena del Chairá, zonas rurales que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad por la presencia de actores armados y el abandono estatal.

Restricciones que vulneran derechos fundamentales

La defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó esta acción señalando que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que impone restricciones ilegítimas a la población civil y genera temor en las comunidades.

“Este tipo de acciones que buscan imponer parálisis mediante la intimidación, atentan contra los derechos fundamentales de las personas y generan un ambiente de zozobra que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho”, afirmó la defensora Marín.

Ante esta amenaza, la entidad activó sus rutas de atención y seguimiento a través de los equipos territoriales, con el fin de brindar acompañamiento a las comunidades afectadas y monitorear posibles desplazamientos forzados, desabastecimientos o represalias por parte de los grupos armados.

Coincidencia con operativos militares

Llama la atención que este anuncio de paro armado ocurre en paralelo con la intensa operación militar en la zona, en la que recientemente se han producido enfrentamientos con las disidencias. En el desarrollo de estos combates, según información revelada por fuentes militares, se encontraron gafas, un computador y un arma que estarían vinculados a ‘Iván Mordisco’, máximo jefe del grupo armado residual.

Estos hallazgos han intensificado las acciones de la Fuerza Pública, lo que, a juicio de la Defensoría, podría generar un mayor riesgo de represalias por parte del grupo armado ilegal contra la población civil.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que se adopten medidas integrales que garanticen la protección de los derechos humanos y la seguridad de las comunidades en riesgo. La entidad insiste en que la presencia institucional debe ir más allá del pie de fuerza, incluyendo estrategias de prevención, atención psicosocial y respuesta humanitaria en territorios históricamente olvidados.

La situación en Caquetá revive el debate sobre el control territorial que aún ejercen grupos armados ilegales, a pesar de los esfuerzos de paz y de presencia militar. Para los líderes sociales de la región, el paro armado es un reflejo del abandono estatal y de la necesidad de una política pública que priorice la vida, la movilidad y la dignidad de los pobladores del sur del país.

Desde LaVibrante.com seguiremos haciendo seguimiento a este tema y amplificando las voces de quienes reclaman justicia, protección y libertad de movimiento en medio del conflicto.