El discurso ambiental del presidente Gustavo Petro ha sido una de las banderas más visibles de su gobierno. Sin embargo, a medida que avanzan los meses, también crecen las críticas frente a la distancia entre sus ideales ecológicos y las decisiones concretas que está tomando en el poder. Una de las voces internacionales que se ha sumado a este debate es The Economist, medio británico que publicó un análisis cuestionando la consistencia de su agenda verde. Según el reporte, el gobierno colombiano ha enviado señales contradictorias en temas clave como la transición energética, el manejo de las reservas de gas y el futuro de la exploración de hidrocarburos. Mientras se proclama un liderazgo en el combate contra el cambio climático, en la práctica se han tomado medidas que a juicio del medio pueden agravar tanto la dependencia energética como las emisiones contaminantes.

Una de las decisiones más comentadas ha sido la suspensión de nuevos contratos para explorar petróleo y gas. Esta medida posicionó a Colombia como el primer país productor de petróleo en renunciar a futuras licencias de exploración. No obstante, el gobierno hizo una excepción con el gas natural, al considerarlo un “combustible de transición” necesario. Pero este matiz no ha sido suficiente para calmar las aguas. Según cifras citadas por The Economist, desde 2012 las reservas de gas en Colombia han caído un 58%. En 2023, por primera vez en casi 50 años, el país tuvo que importar gas para suplir la demanda interna, encendiendo las alarmas sobre la autosuficiencia energética.

En respuesta a este déficit, el Gobierno ha explorado alianzas internacionales. Inicialmente se contempló importar gas desde Venezuela, pero las condiciones técnicas del gasoducto binacional, sumadas a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, complicaron el proyecto. Posteriormente, en marzo de este año, Colombia anunció un acuerdo con Qatar para importar gas licuado. Sin embargo, esta alternativa también ha sido blanco de críticas, ya que el proceso de licuefacción y transporte incrementa los costos hasta tres veces y puede aumentar las emisiones hasta un 50% en comparación con el gas nacional.

En respuesta a este déficit, el Gobierno ha explorado alianzas internacionales. Inicialmente se contempló importar gas desde Venezuela, pero las condiciones técnicas del gasoducto binacional, sumadas a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, complicaron el proyecto. Posteriormente, en marzo de este año, Colombia anunció un acuerdo con Qatar para importar gas licuado. Sin embargo, esta alternativa también ha sido blanco de críticas, ya que el proceso de licuefacción y transporte incrementa los costos hasta tres veces y puede aumentar las emisiones hasta un 50% en comparación con el gas nacional.

Un hallazgo importante, pero no suficiente

En medio del debate, el gobierno celebró en diciembre el descubrimiento de un yacimiento de gas en el Caribe colombiano, bajo una licencia concedida antes del giro en la política energética. Este hallazgo podría triplicar las reservas actuales cuando entre en operación en 2029. Aun así, The Economist señala que este descubrimiento no justifica una estrategia que elimina nuevas licencias de exploración. La revista cuestiona si es razonable apostar todo el futuro energético del país a un yacimiento que tomará años en estar operativo.

Impacto económico

La falta de una estrategia energética clara también está generando tensiones dentro del propio sector. En un reciente Consejo de Ministros, el presidente Petro criticó públicamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, usando cifras que, según The Economist, son “engañosas”. Roa respondió asegurando que la empresa mantiene una política agresiva de exploración, pero advirtió que el déficit de gas se agudizará a partir de 2025.

Este escenario ya se está reflejando en la economía doméstica. El aumento de los precios del gas está afectando tanto a hogares como a industrias, mientras los costos ambientales y financieros de importar gas licuado elevan las preocupaciones sobre sostenibilidad.

Lo cierto es que Colombia se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo avanzar hacia una matriz energética más limpia sin comprometer la seguridad energética ni la economía del país? ¿Puede un discurso ambicioso sostenerse sin una planificación técnica realista y transparente?. A medida que se intensifican las presiones internas y externas, el gobierno deberá enfrentar una prueba decisiva: demostrar que sus promesas verdes tienen un respaldo sólido en acciones coherentes, sostenibles y responsables. De lo contrario, la transición energética podría quedarse solo en el papel.