La red de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa ampliándose. Esta vez, el exdirector Olmedo López ha revelado nuevos nombres ante la justicia, involucrando a una congresista más en el entramado de intereses y contratos públicos bajo la lupa de la Fiscalía.

En una declaración reciente ante la fiscal María Cristina Patiño, López aseguró que la senadora Berenice Bedoya, actual presidenta del partido Alianza Social Independiente (ASI), habría solicitado un contrato para realizar obras en los departamentos del Meta y Casanare. La solicitud, según López, se habría hecho a través de una llamada telefónica y mediada por la también senadora Martha Peralta, cuya participación ya había sido mencionada en testimonios previos.

De acuerdo con López, Bedoya habría mostrado especial interés en esos departamentos debido a la influencia política de la ASI en esas regiones. Este hecho se suma a una cadena de señalamientos que ha generado impacto tanto en el Congreso como en la opinión pública.

El exdirector ya enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con al menos cinco procesos cuestionados dentro de la UNGRD. Su testimonio, así como el de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, ha sido clave para abrir nuevas líneas de investigación sobre contratos presuntamente adjudicados a dedo y bajo favores políticos.

La senadora Peralta también ha sido mencionada por una supuesta intermediación para adjudicar un contrato de más de 2.000 millones de pesos a la firma Inversiones IRL S.A.S., lo cual refuerza las sospechas de una red que operaba dentro de la entidad para beneficiar a aliados políticos mediante la gestión de recursos públicos.

El caso ha escalado a la Corte Suprema de Justicia, que ya citó a rendir testimonio a tres exministros del Gobierno Petro: Ricardo Bonilla (Hacienda), Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Luis Fernando Velasco (Interior). Los exfuncionarios deberán comparecer los días 22 y 23 de abril ante el magistrado Misael Rodríguez, en una diligencia clave para esclarecer si hubo participación o conocimiento sobre los presuntos sobornos y acuerdos detrás de los contratos de la UNGRD.

Con este nuevo episodio, el escándalo sigue envolviendo a figuras del alto gobierno y del Congreso, mientras los entes de control buscan determinar el verdadero alcance de la red de corrupción que salpica a la entidad encargada de responder ante desastres naturales en el país.