El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ha generado un fuerte impacto en la política colombiana tras sus recientes declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Según su testimonio, dentro del Gobierno Nacional habría operado un esquema de desvío de recursos públicos, presuntamente utilizado para obtener apoyos políticos en el Congreso y facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Las denuncias de Reyes señalan directamente a altos funcionarios gubernamentales, incluidos miembros del Ministerio de Hacienda, congresistas y asesores cercanos a la administración. De acuerdo con su versión, estas maniobras financieras habrían sido conocidas desde finales de 2023, sin que se tomaran medidas efectivas para detenerlas.

Por otro lado, uno de los puntos centrales de la denuncia es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad que, según Reyes, habría sido utilizada para redirigir grandes sumas de dinero hacia la compra de votos en el Congreso. Se estima que más de 92.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 22.5 millones de dólares) fueron empleados en la negociación de apoyos legislativos para asegurar la viabilidad de iniciativas gubernamentales.

El exministro también aseguró que el esquema de corrupción se habría gestado desde el Ministerio de Hacienda bajo la dirección del exministro Ricardo Bonilla. Según Reyes, Bonilla habría permitido el uso de los denominados “cupos indicativos”, una práctica históricamente criticada en la política colombiana, conocida popularmente como “mermelada”, mediante la cual se asignan recursos públicos a cambio de respaldo en el Congreso.

Además, el testimonio de Reyes sugiere que estos movimientos financieros estaban coordinados desde el más alto nivel. En diciembre de 2023, durante una reunión de planeación estratégica en la Escuela de Ingenieros Militares en Bogotá, Reyes habría alertado al presidente Gustavo Petro sobre la persistencia de estas prácticas. Aunque el mandatario había manifestado públicamente su rechazo a los cupos indicativos, las acciones posteriores del Gobierno dejaron dudas sobre su verdadero compromiso con la erradicación de esta forma de clientelismo.

Funcionarios y congresistas implicados

La denuncia no solo involucra a exministros y asesores, sino también a varios congresistas que habrían participado en la aprobación de traslados presupuestales clave para la ejecución del esquema. Entre los legisladores mencionados se encuentran el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y otros parlamentarios como Juan Carlos Garcés, Liliana Bitar y Jairo Castellanos. Se les acusa de haber facilitado la asignación de recursos públicos hacia entidades que posteriormente desviaban el dinero hacia prácticas irregulares.

Asimismo, Reyes mencionó a Andrea Ramírez, asesora de confianza del exministro Bonilla, quien habría sido una pieza clave en la continuidad de estos manejos dentro del Ministerio de Hacienda. Tras su salida por licencia de maternidad, sus funciones habrían sido delegadas a María Alejandra Benavides, otra figura señalada en el escándalo.

Uno de los episodios más polémicos dentro de este caso ocurrió en junio de 2023, cuando, en medio de la discusión de un proyecto de adición presupuestal, se aprobó el traslado de 200.000 millones de pesos (aproximadamente 48.9 millones de dólares) de la Dian a la Ungrd. Según Reyes, este movimiento fue una represalia por su negativa a nombrar a personas recomendadas políticamente en la entidad que dirigía. En su denuncia, afirmó que estos recursos, que debían destinarse al fortalecimiento de la administración tributaria dentro de los compromisos de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), terminaron siendo utilizados en prácticas de corrupción.

Reacciones y posturas dentro del Gobierno

Las declaraciones de Reyes han generado un terremoto político. Desde la oposición, se ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Por su parte, el Gobierno ha reaccionado con cautela, desestimando algunas de las acusaciones y señalando que las decisiones presupuestales han seguido los procedimientos legales establecidos.

El presidente Gustavo Petro, en respuesta a las denuncias, manifestó en diciembre de 2024 que solicitaba la renuncia de Ricardo Bonilla, aunque aclaró que no lo hacía porque creyera que el exministro fuera culpable, sino porque era objeto de ataques políticos por su cercanía con el Gobierno. En contraste, Reyes fue removido de su cargo y criticado públicamente por el mandatario, quien expresó dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones a través de redes sociales.

El abogado de Reyes, Sebastián Erazo, ha defendido la credibilidad de su cliente y ha asegurado que las pruebas presentadas son contundentes. Según el jurista, existen registros de movimientos presupuestales y decisiones administrativas que respaldan las denuncias y evidencian el uso indebido de recursos públicos.

Implicaciones y próximos pasos

El caso sigue bajo investigación y, de confirmarse las acusaciones, podría tener graves consecuencias políticas y judiciales para los implicados. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia avanzan en la recolección de pruebas, mientras que el Congreso enfrenta un debate interno sobre la posible responsabilidad de algunos de sus miembros en estos hechos.

Por otro lado, el escándalo ha puesto nuevamente en el centro del debate el problema del clientelismo y el uso discrecional de recursos públicos en Colombia. Organismos de control y sectores de la sociedad civil han reiterado la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que situaciones como esta sigan ocurriendo en el futuro. Mientras tanto, el país sigue atento a los avances de la investigación y a las posibles repercusiones que este caso pueda tener en la estabilidad del Gobierno y en el panorama político nacional.