La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que no encontró evidencia que vincule las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, con la Política de Seguridad Democrática implementada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2004 y 2007 en Antioquia.

Según Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento, en la investigación no se hallaron órdenes escritas que demostraran que estos crímenes formaban parte de una directriz gubernamental. No obstante, sí se identificaron presiones e incentivos dentro de la estructura militar que facilitaron la comisión de estos delitos.

Patrón sistemático, pero sin directriz estatal

Durante una rueda de prensa, Díaz explicó que, si bien se evidenció un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones de civiles en el país, no hay pruebas que indiquen que estas prácticas fueron promovidas o respaldadas por documentos oficiales del Gobierno Nacional.

La investigación, basada en cientos de documentos y testimonios, sí evidenció que las Fuerzas Militares fueron sometidas a fuertes presiones para obtener resultados en la lucha contra grupos armados ilegales, lo que llevó a la ejecución de civiles que posteriormente eran reportados como guerrilleros abatidos en combate.

Asimismo, la magistrada recordó que en 2006 se realizaron reuniones de alto nivel en Antioquia con representantes del Gobierno y la cúpula militar, donde se discutieron estrategias para contener el crecimiento de estos crímenes, incluyendo la participación más activa de la Fiscalía en el levantamiento de cuerpos.

Imputaciones a generales y oficiales

Como parte del proceso, la JEP ha imputado a cuatro generales retirados y 25 oficiales del Ejército por su presunta responsabilidad en la ejecución de estos crímenes. Además, dos civiles han sido acusados de reclutar víctimas a cambio de dinero, bajo la promesa de empleo o beneficios económicos.

Díaz enfatizó que las investigaciones de la JEP no incluyen expresidentes y están enfocadas en los niveles militares y otros actores implicados en la comisión de los delitos.

El pico de los “falsos positivos” en Antioquia

El análisis de la JEP reveló que el número de ejecuciones extrajudiciales comenzó a aumentar significativamente en Antioquia en 2004 y alcanzó su punto más alto entre 2006 y 2007.

Se espera que las conclusiones finales del proceso sean determinantes para establecer responsabilidades y medidas de reparación a las víctimas, dentro del marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.